Los siete años transcurridos desde la detención de dos espías franceses en Cataluña armados como asesinos profesionales para una misión secreta nunca revelada no ha desdibujado los hechos de la memoria de los entonces responsables judiciales, policiales y políticos que participaron en la misteriosa historia. Fueron días de tensión, llamadas al máximo nivel y visitas inesperadas llegadas desde Francia con las que el Gobierno de José María Aznar medió para que los detenidos quedaran en libertad.

El entonces fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, fue quien recibió, poco después del arresto de los agentes Christian Piazzole y Richard Pérez, la presión más directa. El que fuera fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, telefoneó directamente a Mena para pedirle como favor la excarcelación. Pero no tuvo éxito.

"Bastó con una llamada. Cardenal, poco dado a telefonearme, comprendió que al haber pedido yo personalmente la prisión incondicional de los detenidos difícilmente daría marcha atrás. Entendió que esa decisión era inamovible si no variaba ninguna circunstancia", recordó ayer Mena a este diario.

Las llamadas al más alto nivel se sucedieron desde los primeros momentos. El entonces ministro de Interior, Mariano Rajoy, conversó en varias ocasiones sobre el asunto con el entonces conseller Xavier Pomés, aunque éste relativiza su importancia. "A mí poco me podían presionar. Las suyas fueron más unas llamadas para interesarse sobre las detenciones, y yo ya le advertí de que con quién tenía que hablar era con Francia y sus servicios secretos", recuerda el extitular de Interior de la Generalitat.

ENVIADO MISTERIOSO Cuatro meses después, llegó la presión más eficaz. Mena recibió en su despacho la inesperada visita de un hombre que dijo ser el comisario de la Policía Nacional francesa, Bernat Chardonye. Iba con el entonces teniente coronel de la Guardia Civil, Angel Gonzalo Martín, actual coronel jefe de la comandancia de Barcelona y quién ayer aseguró a este diario que se limitó a hacer de "anfitrión" de su colega.

El mando policial francés contó a Mena lo mismo que el día antes contó al juez de Manresa y a un grupo de mandos de los Mossos, que su interés se limitaba a Piazzole, quién trabajaba para el Gobierno en una misión que se limitaba al traslado de unas armas y que Francia garantizaba que el agente regresaría a España para ser juzgado. Por Pérez ni preguntó.

A nadie se le escapó en ese momento, como apuntó ayer el mosso Joan Unió, que las relaciones en materia antiterrorista entre España y Francia pasaban por un momento dulce "que nadie estaba dispuesto a estropear". Uno de los presentes en esas reuniones recordó ayer cómo Chardonye aludió a cuestiones de terrorismo. Y no fue casual que el anfitrión que eligió fuera el entonces responsable de información en Cataluña de la Guardia Civil.

ORDEN VIGENTE Dos meses después de las visitas, los dos hombres quedaron en libertad provisional a la espera de un juicio que se debía celebrar el 4 de marzo del 2004 y al que no se presentaron. El fiscal mantuvo la petición de siete años de cárcel por depósito de armas de guerra y la Audiencia de Barcelona dictó una orden internacional de búsqueda y captura que sigue vigente.

Después de recibir la inquietante visita del comisario francés, Mena solicitó al Cuerpo Nacional de la Policía que verificara su identidad. La policía le respondió, sin emplearse a fondo, que el comisario era quien decía ser. Poco después de la fecha del frustrado juicio, ante la ausencia de los dos espías, Mena quiso buscar al comisario que rompió su palabra de honor. Y le dijeron que "no existía".