El Consejo de Ministros aprobó ayer en sesión extraordinaria el inicio del procedimiento de disolución del consistorio de Marbella, tras el ingreso en prisión de parte del Gobierno municipal por un escándalo de corrupción urbanística. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, calificó de "muy seria" la decisión por ser "la primera vez en democracia que se deja sin efecto la voluntad popular".

En conferencia de prensa posterior a la reunión en la Moncloa, De la Vega advirtió que el Gobierno "no tolera, ni tolerará, ni amparará jamás procesos corruptos" como el de Marbella. Dijo que casos como éste generan "alarma social" y muestran "el lado repugnante de los que se enriquecen ilícitamente parapetados en la vida pública".

Según explicó la vicepresidenta, el Consejo de Ministros adoptará el acuerdo oficial de disolución en su sesión ordinaria del viernes, una vez reciba el visto bueno del Senado --que se ha comprometido a darlo en su sesión de hoy-- y el informe no vinculante de la Comisión Nacional de Administración Local. A partir de ese momento se abrirá un plazo de un mes para que la Diputación de Málaga designe una comisión gestora que dirija el ayuntamiento hasta las elecciones del 27 de mayo del 2007.

LA SOMBRA DE GIL Respecto al método de selección de los miembros de la comisión, De la Vega dijo que la ley establece que, "siempre que fuese posible", se tendrá en cuenta la afiliación política de los concejales destituidos. "Siempre que fuese posible", insistió.

Fuentes gubernamentales señalaron a este diario que difícilmente se tomará como modelo la composición actual del consistorio, porque la comisión gestora quedaría bajo el control absoluto del GIL, un partido que desde su creación ha estado envuelto en escándalos de corrupción. De los miembros del ayuntamiento presos, la alcaldesa, Marisol Yagüe, y el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez, militaron en el GIL antes de formar un Grupo Mixto, mientras que la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, procede del PSOE. La idea, según señaló la fuente oficial, es que el PSOE y el PP puedan pactar en la Diputación de Málaga una gestora que permita mantener "a salvo" el consistorio marbellí hasta los comicios.

De momento, sin embargo, los dos partidos están enfrentados por la exigencia del PP de que se convoquen elecciones parciales en Marbella. Los populares están convencidos de que ganarían los comicios. El Gobierno rechaza la convocatoria con el argumento de que la Corporación que surja de esos comicios no podría ejercer el mandato mínimo de un año que fija la ley. De la Vega reclamó al PP "rigor" y "responsabilidad". No obstante, anunció que, "para evitar dudas y que todo el mundo esté tranquilo", el Gobierno elevará una consulta urgente al Consejo de Estado.

VISITA DE CHAVES Y RAJOY Pese a todo, Rajoy viajará mañana a Marbella para insistir en que la ley permite acortar los trámites ante una situación excepcional. El líder del PP abogó ayer por que el Estado recupere "buena parte de las competencias de urbanismo" para evitar corrupciones como la marbellí.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, acudió a la localidad malagueña para explicar a los militantes que la decisión de disolver la corporación se ha tomado tras "sopesar concienzudamente la situación", y reclamó unidad política. Una veintena de simpatizantes del PP lo recibieron a gritos de "pucherazo" y "queremos elecciones y no ladrones", informa Julia Camacho.

Mientras, el juez instructor del caso, Miguel Angel Torres, sigue con su investigación. Ayer se conoció que Juan Antonio Roca era el auténtico alcalde en la sombra y que planeaba sustituir a la alcaldesa después de Semana Santa. La primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, por su parte, consideraba "su empresa" el sistema de cobro de comisiones a empresarios.

OTRO DETENIDO La policía confirmó ayer la detención de un industrial de Torremolinos, Rafael Ll. Fuentes policiales apuntaron que dirige una empresa a la que se adjudicó la publicidad en vallas y marquesinas de autobús y ha sido acusado de cohecho. Con ésta, son ya 24 las detenciones realizadas en la operación contra la corrupción en Marbella, de los que 11 ya están en prisión. Hoy declarará el jefe de la policía local, Rafael del Pozo.