La ofensiva del Gobierno contra Pasqual Maragall no obedece sólo a los intereses electorales del PP. Un destacado ministro, interlocutor directo de José María Aznar y Mariano Rajoy, reveló ayer que, tras las generales, el PP mantendrá la presión sobre el presidente de la Generalitat catalana para abortar de raíz sus demandas de autogobierno, como ya ha hecho con el plan Ibarretxe, impugnado ante el Constitucional para evitar que la Cámara vasca lo convierta en ley. El objetivo, fijado por el presidente y compartido por el candidato del PP a la Moncloa, es evitar que las reivindicaciones recogidas en el programa de gobierno del tripartito catalán se aprueben en la Cámara catalana.

El citado ministro confesaba ayer en privado que la campaña del PP busca impedir, por ejemplo, que llegue al Congreso un Estatuto como el pactado por PSC, ERC e ICV-EUiA. Primero, porque el PP cree que exigiría una reforma constitucional que se niega a acometer. Y segundo, porque teme que un texto aprobado por el Parlamento catalán, aunque lo vete el Congreso, desate una espiral reivindicativa que contagiaría al resto de las autonomías.

AGRAVIOS Para ilustrar el riesgo de que se disparen los agravios territoriales, el Gobierno recordaba ayer las palabras del presidente balear, el popular Jaume Matas, quien ya ha alertado de que, si Cataluña logra una mejora de su financiación, él no hará "el primo" y exigirá para su comunidad un nivel de recursos más acorde "a sus necesidades".

La tesis gubernamental es que la reforma estatutaria contenida en el plan Ibarretxe y las demandas de la izquierda catalana, pese a presentar diferencias, persiguen un objetivo común: reabrir el pacto constitucional para que Euskadi y Cataluña gocen de un estatus superior al de las otras 15 comunidades.

Para neutralizar el plan Ibarretxe, el PP empezó por demonizarlo antes de conocer su contenido, y acabó por pedir al Constitucional que lo suspenda sin esperar siquiera a que lo apruebe la Cámara vasca. Para abortar la reforma del Estatuto catalán, hasta ahora el Gobierno se ha limitado a denunciar sus aspectos inconstitucionales y a alertar de que someterlo a un "referendo ilegal" tendría consecuencias penales para Maragall.

Será Rajoy quien, de llegar a la presidencia, tendrá que decidir si también acude al Constitucional para frustrar la tramitación parlamentaria del Estatuto. Además, estudia incluir en su programa la restitución del recurso previo de inconstitucionalidad, que permitiría impugnar cualquier ley autonómica antes de que entrara en vigor.

Zapatero ya conoce estos planes de boca del ministro portavoz, Eduardo Zaplana, quien ayer acusó a Maragall de perseguir la "liquidación" de la Administración estatal en Cataluña. Citó los planes de crear una Agencia Tributaria autóctona y aprobar una ley electoral propia. Norma de la que, salvo Cataluña, disponen todas las autonomías, y que Aguirre (PP) prevé revisar en Madrid.