Veinticinco años después de la primera reclamación, el Gobierno dio ayer un paso sin vuelta atrás para que los papeles catalanes depositados en el Archivo de Salamanca sean restituidos a partir del próximo verano a sus propietarios. La devolución, sin embargo, no será completa. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros permitirá a la Generalitat, al Parlamento catalán y a los particulares --partidos, sindicatos, entidades y personas físicas-- recuperar los legajos que les fueron expoliados por las tropas franquistas. Pero no a los ayuntamientos, que de momento deberán esperar.
La restitución "justa y legítima" que anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, María deberá superar todavía el trámite parlamentario en las Cortes. Pero la ley tiene su aprobación garantizada, dado que contará con el apoyo del PSOE, ERC, IU-ICV y CiU.
