Será un proceso largo, pero no ilimitado. El Gobierno tiene claro el plazo máximo para esperar que ETA declare el fin definitivo de la violencia. El límite son las próximas elecciones locales, que tendrán lugar en la primavera del 2007, según fuentes del Gobierno y de la lucha antiterrorista. Si se llega hasta entonces sin señales claras de que el proceso de paz avanza, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero considerará malogradas las esperanzas de paz.

Esta frustración tendrá consecuencias políticas para el entorno de Batasuna, que verá cerrada cualquier puerta que trate de franquear para estar representada en los ayuntamientos.

El Gobierno confía en que esta vez sea la definitiva. Fundamenta su convicción de que "nunca ha habido tantas oportunidades para la paz" --como repiten varios miembros del Ejecutivo-- en un análisis de la realidad no por evidente menos convincente: ETA lleva dos años sin matar --lo que el Gobierno interpreta como una "tregua tácita"-- y la masacre del 11-M colmó el umbral de sufrimiento que puede soportar la sociedad.

ESPERANZA Los vascos desean más que nunca la paz y el acuerdo entre las fuerzas políticas, como muestran los resultados de las elecciones en Euskadi, que fuerzan el entendimiento para gobernar. La banda terrorista, por primera vez en su historia, delega en Batasuna la negociación política y se reserva sólo el diálogo con el Gobierno sobre la "desmilitarización": el futuro de los presos y el destino de las armas.

Pero el elemento que más seguridad ofrece al Ejecutivo para afrontar el proceso es, paradójicamente, la ley de partidos, norma que en su día el PSOE rechazaba en privado, pero apoyó en público por respeto al pacto antiterrorista. El presidente del Gobierno conoce bien la necesidad que el mundo aberzale tiene de estar presente en las instituciones políticas, como se ha demostrado en sus fructíferos intentos para colocar a EHAK en el Parlamento vasco.

Pero lograr de nuevo luz verde para las voluminosas candidaturas que requieren unas municipales no le resultará tan fácil a Batasuna. Sólo si el proceso de paz ha avanzado lo suficiente como para que la aplicación de la ley de partidos ya no sea necesaria, el entorno de Batasuna volverá a los ayuntamientos.

Esa norma "excepcional", como la ha calificado Rodríguez Zapatero, descargaría todo su rigor sobre EHAK si ETA decidiese "poner un muerto sobre la mesa", un extremo que el Gobierno no descarta a la luz de la negra tradición de los terroristas.

Un atentado con víctimas en plena negociación por la paz sería la prueba de fuego para el entorno político de la banda terrorista ETA. Sin una condena inmediata, EHAK pasaría directamente a la ilegalidad.

Fuentes de la lucha antiterrorista apuntan al proceso de Stormont (donde el IRA firmó la paz) como el modelo que pretenden seguir los terroristas de ETA. Según ese modelo, la banda declararía un "cese permanente" de la violencia para iniciar un proceso de negociación sobre los presos y el armamento, que se acompañaría de una mesa de partidos en la que se establecerían los avances en el soberanismo de Euskadi.

CONDICION Las citadas fuentes consideran que ETA ha comprendido que la resolución aprobada por el Congreso en el reciente debate del estado de la nación establece el condicionante del cese definitivo de la actividad terrorista para dar luz verde al diálogo. Añaden, además, que la banda terrorista quiere diferenciar este proceso del que protagonizó el Gobierno popular de José María Aznar tras la declaración de "tregua indefinida" de los terroristas.