La bronca entre el Gobierno y el PP subió ayer un grado más por el relevo de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, defendió la decisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el PP exigió la dimisión de éste.
El PP sigue empeñado en vincular el relevo de Fungairiño con un posible proceso de paz del Gobierno con ETA. El secretario general del PP, Angel Acebes, pidió ayer la dimisión de Conde-Pumpido. También exigió su comparecencia en el Congreso.
A esta estrategia se ha sumado la conservadora Asociación de Fiscales, que ha criticado el cese de Fungairiño. El fiscal del Estado exigió ayer "coherencia" a esa asociación, ya que también pidió la dimisión del exjefe de la fiscalía Jesús Cardenal cuando nombró a Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional en 1997. La progresista Unión de Fiscales sí avaló la actuación de Conde-Pumpido.
El Gobierno también arropó al fiscal del Estado. Fernández de la Vega negó que el Gobierno haya cambiado la política antiterrorista.
"TOCAHUEVOS" La reacción más cáustica fue la del expresidente del PNV Xabier Arzalluz, quien tildó a Fungairiño de "tocahuevos". Y señaló que "lo menos que puede hacer" un Gobierno si quiere "iniciar un camino de arreglo con el mundo de ETA" es "sujetar a los fiscales" para "allanar el camino". Su sucesor, Josu Jon Imaz, dijo que el error fue no relevar a Fungairiño "tras la vergonzosa comparecencia" en el Congreso cuando admitió desconocer detalles del 11-M porque sólo veía "documentales en la BBC".
