El Gobierno está más impresionado por la reacción del PP a la recusación de Pablo Pérez Tremps que por el hecho sin precedentes de que el Tribunal Constitucional impida a uno de sus miembros pronunciarse sobre una cuestión concreta, en este caso el recurso contra el Estatuto de Cataluña. La virulencia con la que los conservadores alertan sobre el daño que un relevo del magistrado acarrearía sobre la independencia judicial llevó ayer al Ejecutivo a defender la sustitución como la solución "normal" a la situación creada.
La vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, expresó ayer en TVE su "sorpresa" porque el PP pretenda que el Gobierno no cubra la vacante si Pérez Tremps se decide a dimitir. El Ejecutivo nombraría al sustituto "inmediatamente", para preservar el funcionamiento normal de la institución, aclararon fuentes gubernamentales. De la Vega reiteró que el Gobierno no está presionando al magistrado y que este decidirá "de forma autónoma" si quiere renunciar a su puesto.
La número dos del PP en Cataluña y catedrática de Derecho Constitucional, Montserrat Nebrera, consideró que los conservadores lo único que han hecho es aprovechar la "grieta jurídica" del informe que Pérez Tremps realizó para la Generalitat de Cataluña para conseguir su "objetivo político".
El objetivo político Horas más tarde, Nebrera puntualizó que ese "objetivo político" no era otro que lograr la recusación de Pérez Tremps por haber estado contratado por una de las partes en conflicto, hecho que supone, a su parecer, "un fundamento jurídico incontrastable, de manual". "Los socialistas se ponen así porque están más nerviosos de lo que ellos quieren reconocer", declaró.
La diputada del PP en el Parlamento de Cataluña mostró su preocupación por que esta recusación del PP se interprete como un ataque contra los catalanes.
