Freno al primer intento de Batasuna de volver a tiempo para las municipales. El Ministerio del Interior remitió ayer mismo al fiscal general del Estado los estatutos del nuevo partido que unas horas antes había llevado al registro la izquierda aberzale. Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) --Unidad de los Socialistas Patrióticos, en castellano-- se ampara en la Constitución y en la ley de partidos para prometer defender la independencia, el socialismo y la cultura vasca mediante "un proceso de diálogo multilateral y en ausencia de cualquier tipo de violencia".
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, según fuentes de toda solvencia, manifestó ayer mismo que los "avances" que se aprecian en la apuesta por la paz de esta nueva formación "son insuficientes" para pasar el filtro de la ley de partidos. El propio presidente avanzó en TVE que su Gobierno aprecia "indicios de ilegalidad" en la formación. Es la misma impresión que transmitieron todos los partidos del arco parlamentario, que con mayor o menor intensidad pidieron al Gobierno rigor en el análisis del partido. Solo Aralar pidió luz verde para una opción que consideró "legítima".
FRENAR EN SECO Así las cosas, corresponde ahora a la fiscalía argumentar si ASB puede o no actuar en el marco legal vigente y presentar candidaturas a las municipales. Según la ley, tiene 20 días para hacerlo. Justo los necesarios para que, si pasa el filtro, el nuevo partido pueda concurrir el 27-M. La velocidad con la que ayer actuó Interior demuestra su determinación de frenar en seco cualquier intento de Batasuna de burlar la ley.
Poco antes del mediodía de ayer, Marije Fullaondo, junto a Joana Regueiro y Tomasa Alejandro, llevó la nueva formación al registro de partidos de Interior. Fullaondo fue cabeza de lista a las elecciones europeas del 13 de junio del 2004 por Herritarren Zerrenda (HZ), ilegalizada por el Supremo al estimar que era sucesora de Batasuna. Miembro de la mesa nacional de Batasuna, figura como imputada por integración en organización terrorista por el juez Baltasar Garzón desde el 31 de octubre.
Los estatutos de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) establecen Euskadi y Navarra como su ámbito geográfico de actuación, excluyendo el País Vasco francés que tradicionalmente reclama Batasuna. Pero proclaman que, tras ejercer el "derecho de autodeterminación" y lograr "la independencia", abogará por la "unificación de sus siete territorios históricos". También apuesta por el "socialismo identitario", la defensa del euskera y la cultura vasca y la superación del "conflicto" entre Euskal Herria y los estados francés y español. Hasta aquí, lo normal en la ideología del entorno de Batasuna.
Es en la forma de "superar el histórico conflicto" donde se produce uno de los "avances" que percibe el Gobierno. ASB promete hacerlo "mediante un proceso de diálogo y negociación multilateral y en ausencia de cualquier tipo de violencia". Y asegura que actuará "con respeto a los principios democráticos, mediante la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales".
Estas referencias deberían bastar para considerar legal un partido, según fuentes judiciales, pero corresponde a la fiscalía establecer si son suficientes para esta formación dentro de los parámetros que fija la ley de partidos. La norma no exige la condena de la violencia, sino la renuncia expresa a utilizarla para lograr objetivos políticos. Pero la interpretación de las leyes también se modula en función de las circunstancias sociales. Y las actuales muestran un cuadro desfavorable, pues no incluyen ni la condena del atentado de Barajas por parte de Batasuna ni el anunciado comunicado de la banda entregando las armas.
A LA DEFENSIVA Por eso Interior optó ayer por actuar a la defensiva. Incluso antes de que el PP exigiera paralizar la legalización de la nueva formación aberzale, el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba envió una nota oficial en la que explicitaba sus peros a Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) y anunciaba que los trasladaba a la fiscalía para que sea ella la que establezca si son suficientes para negarle la inscripción como partido, es decir, su condición de legal.
Interior opina que la personalidad de los promotores "puede tener vínculos directos" con Batasuna, ya que formaron parte de la citada candidatura de Herritarren Zerrenda a la que el Supremo negó la posibilidad de concurrir a las elecciones europeas del 2004 precisamente por verla continuadora de la formación que lidera Arnaldo Otegi.
