No hay ningún cambio. El Gobierno se mantuvo ayer firme en la defensa de la vigencia de la resolución, aprobada por el Congreso de los Diputados, sobre el fin del terrorismo. La "esperanza de paz" no resulta menoscabada por los jarros de agua fría que cayeron el miércoles sobre las esperanzas de paz, sostiene el Ejecutivo, que desvincula la decisión judicial de encarcelar a Arnaldo Otegi de la posibilidad de negociar con ETA, si ésta se decide a transitar con decisión hacia el abandono de las armas.

Después de la tensión que vivió el Gobierno al conocer la decisión judicial de encarcelar a Otegi, desde la Moncloa se optó ayer por hacer de la necesidad virtud. Todas las fuentes gubernamentales consultadas coincidieron en destacar la "normalidad" del funcionamiento del Estado de derecho, y en señalar que la decisión del juez de la Audiencia Nacional prueba que no hay ninguna relajación en la lucha contra ETA.

La orden de prisión, eludible bajo una fuerte fianza, dictada por el juez Fernando GrandeMarlaska contra Otegi le ha servido al Ejecutivo para despejar incertidumbres y acallar algunas voces críticas. El análisis del Gobierno encuentra ventajas a la demostración de independencia del Poder Judicial, que refuerza el mensaje a ETA de que a ella le corresponde dar "pasos" que conduzcan al diálogo.

SIN INJERENCIA POLITICA El Gobierno negó ayer toda injerencia política en la decisión judicial de encarcelar a Otegi, como insinuó el Gobierno vasco. Las fuentes consultadas destacaron la solidez de los argumentos en los que basó su decisión el juez Grande-Marlaska.

Así, con las cartas sobre la mesa, el Ejecutivo considera perfectamente vigente la resolución del debate sobre el estado de la nación, en la que la posibilidad de negociar queda condicionada a la renuncia previa de la violencia por parte de ETA. El atentado terrorista en Madrid y el encarcelamiento de Otegi colaboran también a rebajar "el nivel de ruido" del debate político sobre la disposición de Ejecutivo al diálogo con ETA, como quería José Luis Rodríguez Zapatero. Y avalan el "no hay nada" con que el presidente respondió a las ansias de los miembros de la ejecutiva del PSOE por saber detalles sobre los supuestos mensajes etarras.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo opina que los últimos acontecimientos servirán para zurcir la deteriorada relación con el PP en materia antiterrorista. Según las fuentes consultadas, el encarcelamiento del líder de Batasuna deja al PP con menos argumentos para acusar al Gobierno de tener un acuerdo secreto con la formación aberzale, merced al cual no promovería la ilegalización de EHAK. La demostración de independencia de la justicia, cree el Gobierno, avala la tesis de que la ilegalización de EHAK depende sólo de que existan pruebas suficientes para promoverla.

DECLARACIONES El ministro de Justicia fue el único miembro del Gobierno que ayer comentó en público la medida judicial contra Otegi. Juan Fernando López Aguilar destacó que la decisión adoptada por el juez Grande-Marlaska es "un paso más en la determinación de todas las instituciones para acabar con ETA". Explicó que el Gobierno "saluda con respeto" la medida jurídica, que definió como "una demostración del compromiso de todos los poderes públicos de actuar contra el enemigo común, ETA".

Sobre la afirmación de Joseba Permach, portavoz de Batasuna, de que el encarcelamiento de Otegi es un "portazo" a las ansias de paz, López Aguilar dijo que el verdadero revés "es la violencia y el terror".