El Gobierno "no considera necesaria la modificación de la actual estructura legal" para prevenir la tortura en las comisarías. Esta es la respuesta que el Ministerio del Interior dio por escrito al Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), órgano dependiente del Consejo de Europa que en un informe difundido el jueves reprochaba a España incumplir sus recomendaciones para desterrar los malos tratos a los detenidos.
Aunque el CPT cita "amplias evidencias, incluidos informes médicos" que serían "compatibles con los relatos de torturas", ayer el titular de Justicia, José María Michavila, precisó que el informe "no dice que en España se torture". Aun así prometió tomarse "muy en serio" este documento, rechazado por Interior.
