El Gobierno ha seguido las recomendaciones de los expertos y devolverá a la Generalitat de Cataluña los documentos que incautaron los franquistas durante y después de la guerra civil, y que ahora se encuentran en el archivo de Salamanca. En enero, el Ejecutivo y el Gobierno catalán estudiarán el mecanismo para el retorno de las 507 cajas que contienen los papeles, atendiendo así a una reclamación de los historiadores y archiveros de la comisión asesora calificaron la semana pasada de "justa".

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció la decisión en el Congreso, tres días antes de que finalice el mandato parlamentario para llegar a un acuerdo. La comisión de expertos que asesoró al Gobierno en este polémico asunto emitió el pasado jueves un dictamen, sin votos en contra, en el que también recomendaba la agrupación en Salamanca de los documentos dispersos en instalaciones militares y en el extranjero.

Estas conclusiones, "cargadas de mesura y sentido común", según Calvo, fueron determinantes para tomar una decisión pendiente desde hace 25 años. "No ha habido ni un solo Gobierno democrático que no haya tenido que pasar por esta reivindicación que archiveros, juristas e historiadores han considerado justa y cargada de legitimidad jurídica", añadió.

Frente a las críticas de entreguismo al tripartito realizadas desde la cúpula del PP y las instituciones que gobierna en Castilla y León, Calvo recordó que fue Manuel Fraga quien realizó la primera petición al Gobierno de Adolfo Suárez, en los primeros años de la democracia.

Calvo destacó que el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha querido ofrecer una "solución armoniosa de acuerdo con la legalidad vigente". No obstante, en el Gobierno hubo clamorosos silencios como el de Jesús Caldera, ministro de Trabajo y diputado salmantino, que eludió pronunciarse sobre la decisión de Cultura.