Ni "contactos", ni "mensajeros", ni "instrucciones" a la fiscalía. El Gobierno rebatió ayer las dos imputaciones contradictorias que ha recibido del PP y el PNV. La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega desmintió que el Gobierno haya abierto el diálogo con la Batasuna de Arnaldo Otegi, y también negó haber ordenado al fiscal --como denunció el Ejecutivo vasco-- que promoviese el encarcelamiento del portavoz aberzale.
Desde que, hace una semana, la portavoz gubernamental pidiera "sosiego" para propiciar el fin de la violencia, su llamamiento ha tenido un eco más bien discreto. Cuatro atentados de ETA --dos en Zarautz, uno con heridos en Madrid y una bomba casera en Barakaldo--, las confesiones de José Luis Rodríguez Zapatero al filósofo Fernando Savater sobre supuestos "mensajes" etarras --destapadas por éste-- y la orden de prisión con fianza para Otegi han azuzado la polémica y enfriado las esperanzas de paz alimentadas por el propio presidente. Pese a ello, ayer Fernández de la Vega no cejó en el intento.
REACCION SIN COMENTARIOS La vicepresidenta evitó comentar la reacción de Otegi en la Audiencia Nacional cuando el fiscal pidió al juez que dictase contra él una orden de prisión incondicional. "¿Esto lo sabe Conde-Pumpido?", preguntó el líder aberzale, sugiriendo que el fiscal del Estado, nombrado por el Gobierno, no podía enviarlo a prisión en puertas del fin del terrorismo.
"No hay ningún tipo de contacto, ni ningún mensajero del Gobierno para contactar con nadie", repitió De la Vega, que reiteró las condiciones de Zapatero para "iniciar una aproximación al proceso para alcanzar la paz": tiene que "cesar el ruido de las armas y las bombas". Este mensaje, precisó, es el que el Ejecutivo "transmite a los ciudadanos, y también al entorno de ETA".
Igual de rotunda se mostró la portavoz al desvincular al Ejecutivo de la decisión de Cándido Conde-Pumpido de autorizar a la fiscalía a promover el encarcelamiento de Otegi.
Ante la pregunta de si Zapatero dispone de algún dato que le permita abrigar la esperanza de una próxima tregua de ETA, la vicepresidenta reconoció que el Gobierno tiene la "responsabilidad intransferible" de "administrar con prudencia y responsabilidad la información de que dispone". Insinuó así lo que muchos sospechan: que el Ejecutivo sí tiene datos esperanzadores, pero que no los revela para no dañar "la seguridad del Estado".
Lejos de esta línea institucional, el ministro José Bono celebró que "criminales" como Otegi vayan a la cárcel, y apuntó que la fianza que abonó pudo proceder de la "extorsión".
