El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero asumió ayer su responsabilidad por la ausencia, el jueves, de 18 diputados socialistas (faltaron 16 diputados más de otros grupos) en el pleno del Congreso que debía aprobar la reforma de la ley para elegir a los altos cargos de la carrera judicial. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se comprometió a buscar una solución que permita repetir la votación el próximo 2 de diciembre. Sin embargo, el reglamento de la Cámara frena esas pretensiones.
El "error" cometido por el Grupo Socialista en el Congreso con la reforma judicial parecía ayer insalvable, a pesar de que los expertos jurídicos del PSOE leían y releían el articulado del reglamento para encontrar una rendija que les permita, con el apoyo de otros cuatro grupos parlamentarios, repetir una votación que perdieron por la falta de control en ese grupo.
UNA POSIBILIDAD ABIERTA El PSOE ha invocado un artículo del reglamento que permite que un mínimo de dos grupos parlamentarios puedan promover la alteración de un orden del día para superar el rechazo del Partido Popular (PP) en la Junta de Portavoces, que exige la unanimidad de todos los grupos para incluir en el próximo pleno la nueva votación.
Sin embargo, la presidencia del Congreso no comparte esa tesis, según han explicado diversas fuentes parlamentarias. Esas fuentes consideran que las normas están condicionadas por los precedentes y que éstos son muy claros. Los cambios en el orden del día de los plenos sólo se han acordado cuando ha existido unanimidad. Esa doctrina se ha establecido para garantizar los derechos de los partidos minoritarios con el fin de que no sean arrollados por los mayoritarios.
EL CALENDARIO Las prisas del Gobierno obedecen al calendario judicial. El próximo mes de enero, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que elegir a un total de 11 magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos cuatro presidentes de sala, además del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de cuatro presidentes de audiencias provinciales.
El Ejecutivo está convencido de que la mayoría conservadora impondrá su rodillo y copará esa renovación, como ha ocurrido hasta ahora. Por ello, al Gobierno le urge aprobar esa reforma que exige que esos cargos sean nombrados por mayoría cualificada de tres quintos y no por la actual mayoría simple.
El PP se ha opuesto desde el principio a esta reforma. Su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, subrayó ayer que si finalmente se repite la votación se cometerá "la mayor cacicada de la historia parlamentaria". Y añadió: "No existe ningún artículo en el reglamento ni en la Constitución que diga que cuando un Gobierno pierde una votación se tiene que repetir" hasta que gane.
RECURSO Por ello, Zaplana anunció que si se cambia el orden del día, el PP "acudirá a vías judiciales de todo tipo y constitucionales" para evitarlo. El dirigente popular también criticó que el PSOE busque en este caso "una democracia a la carta". Zaplana consideró que la única salida es que esa reforma vuelva al Consejo de Ministros, por lo que su aprobación se retrasaría hasta el próximo año.
