En el manual de la negociación de cualquier rescate, la discreción es básica. Ayer, los familiares de los pescadores del atunero vasco Alakrana , secuestrado por piratas somalís en el océano Indico desde hace 41 días, se entrevistaron en un margen de cinco horas con el presidente de la Audiencia Nacional y con el jefe del Gobierno. Paralelamente, la vicepresidenta primera, dos ministros, y los máximos responsables del Estado Mayor de la Defensa y del CNI se reunieron en el Congreso con luz y taquígrafo, y el abogado de uno de los dos piratas detenidos y encarcelados en España apareció en escena acaparando protagonismo.

La vuelta a casa de los asaltantes se ha convertido ahora, según la Moncloa, en una exigencia prioritaria de los corsarios, por lo que el Gobierno, ante tanto alboroto, acabó desviando la atención lo mejor que pudo y anunció que estudia "todas las vías legales" para acceder a esa reclamación, de una concreción jurídica más que compleja en un plazo corto de tiempo.

Así lo indicó el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, al que le tocó hacer de portavoz gubernamental. Moratinos aportó como única novedad que el embajador español en Kenia habló ayer de nuevo, esta vez por vía telefónica, con el primer ministro somalí para seguir explorando la vía diplomática. A esta se ha unido el ministro del Interior del país africano al ser oriundo de la región a la que pertenecen los asaltantes. Cerrar el precio del rescate a pagar por el armador sigue siendo la clave, pero mientras llega ese momento el Gobierno ganó tiempo explorando, sin excesiva convicción, una salida viable para devolver a los detenidos a Somalia.

El visto bueno dependería en último extremo de la Audiencia Nacional, pero ninguna de las tres opciones apuntada con más fuerza en las últimas horas tiene visos de ser factible. No se les puede liberar al enfrentarse a penas graves. Y ese mismo motivo hace inviable la solución aportada por el abogado defensor de uno de ellos, Francisco Javier Díaz Aparicio, de expulsarlos en aplicación de la ley de extranjería. La alternativa de un juicio rápido obligaría a esperar unos dos meses y también se necesitaría tiempo para acordar con Somalia su extradición.

PACTO DE HONOR El presidente de de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, explicó la situación a dos representantes de las familias de los pescadores, con las que estuvo reunido 25 minutos. A la salida, los familiares cambiaron su actitud de los últimos días, muy crítica con el Gobierno y los jueces, y optaron por el silencio. "Estamos en un momento delicado", justificaron. Juanes se movió en la misma línea y abogó por la "discreción".

Fuentes de la Audiencia Nacional mostraron su contrariedad ante la estrategia del Gobierno de desviar la atención hacia la actuación judicial y recordaron que el proceso se inició por una denuncia del abogado del Estado, una figura dependiente del Ejecutivo. En la Moncloa tampoco gustó la entrevista de Juanes con las familias, lo que les obligó a replicar improvisando el encuentro posterior con el presidente Zapatero y la reunión de la comisión de coordinación de la crisis. Más argumentos, en suma, para que los piratas consoliden su posición de fuerza en las negociaciones ante la constatación de que el secuestro se ha convertido en España en un asunto de Estado.