El caso Arruche sigue estacionario. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, preguntada ayer sobre el posible relevo del director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, contestó: "Sobre este asunto no hay ninguna novedad". Evitó defender explícitamente, pues, la continuidad de uno de los altos cargos más poderosos del país, con mando sobre 70.000 guardias desplegados por España. Sólo se remitió a las declaraciones con las que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendieron la gestión del director del Instituto Armado en el caso Roquetas .

Con independencia de que, tal y como destacó Alonso, fuera la propia Guardia Civil la encargada de investigar la muerte de Juan Martínez Galdeano en el cuartelillo de Roquetas (Almería) después de recibir una paliza, Gómez Arruche sólo trasladó la información al ministro después de que éste le llamara para pedirle la versión exacta de los hechos, el 26 de julio. Alonso tuvo constancia del alcance y gravedad de la situación a través del delegado del Gobierno en Andalucía, y pidió personalmente que se rescatara la grabación del vídeo con las escenas de la paliza al fallecido del disco duro y del disco esclavo del ordenador.

ALONSO, CONTESTADO Aunque Alonso defendió a Arruche "porque hizo lo que tenía que hacer" y Zapatero manifestó el 13 de agosto que si el director general de la Guardia Civil hubiera perdido la confianza del Gobierno "pasarían cosas distintas de las que están pasando estos días", el responsable de organización del PSOE, José Blanco, reactivó el miércoles el debate al calificar de "desafortunadas" las declaraciones de Arruche y considerar "insuficiente" su intervención en el caso Roquetas . El jueves, Blanco puntualizó que el cese compete al Gobierno y añadió que Arruche "parece que sí cuenta con el apoyo del Gobierno".