El Gobierno de Navarra, que preside Miguel Sanz (de UPN, marca electoral del PP en Navarra), y la patronal de la comunidad foral reconocieron ayer que "comprenden" a los dos empresarios detenidos el viernes por presunta colaboración con ETA en el marco de la reciente operación contra la trama de extorsión de la banda, aunque evitaron cuestionar la actuación judicial. Sin embargo, los partidos nacionalistas y Ezker Batua criticaron al juez Fernando GrandeMarlaska. La presidenta de EA y parlamentaria navarra, Begoña Errazti, exigió "la liberación inmediata" de los detenidos.
El presidente de los empresarios navarros, José Manuel Ayesa, manifestó su "solidaridad" con los dos arrestados después de que sus nombres figurasen, al parecer, en documentos intervenidos en Francia. Ayesa relató que la Confederación de Empresarios ha recomendado siempre "no pagar" a ETA, pero matizó que hay que "ser respetuoso" con las circunstancias personales del extorsionado. Según su opinión, no se puede "demonizar de entrada" a quienes pagan porque viven con una "presión y una angustia importante".
El portavoz del Gobierno navarro, Alberto Catalán, admitió que se puede "entender" la decisión de quien cede al chantaje, pero dijo que su Gobierno "no comparte" el criterio de los que pagan. Por su parte, Errazti consideró "increíble, inaceptable, burdo e injusto" que se acuse a quienes son víctimas de ETA. La presidenta de EA argumentó que la detención de los dos responsables de Construcciones Azpiroz y Saralegi SL solo pretende "dinamitar" el clima de esperanza que vive la sociedad vasca.
CONTRA EL MAGISTRADO Errazti arremetió sin remilgos contra Marlaska y dijo que "desarrolla una campaña enloquecida de desestabilización del proceso de paz". Además, pidió al Gobierno que "ponga freno" al juez.
Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, aseguró ayer que se debe perseguir no solo "a los que extorsionan y a los que pagan", sino también a los que hacen la "vista gorda" ante este tipo de actividad terrorista, como, según considera Alcaraz, "hace el Gobierno".
