El Gobierno está decidido a buscar un modelo de financiación autonómica que puedan asumir todas las comunidades, al margen de su compromiso para cumplir con los estatutos autonómicos aprobados en la pasada legislatura. Galicia no aprobó un nuevo texto, pero el presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, trata de unir los intereses de comunidades de la vertiente atlántica de la península que tienen características similares.

En una entrevista en La Sexta, Touriño aseguró que el modelo propuesto por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, es "manifiestamente mejorable". La pretensión del Gobierno gallego es que no pese únicamente el criterio de población para calcular el nuevo sistema, sino otras circunstancias, como el porcentaje de población envejecida o el criterio de dispersión. Según Touriño, un ciudadano mayor de 65 años gasta 3,4 veces más que un ciudadano menor de 65.

El presidente de la Xunta entiende que se debe encontrar un punto de equilibrio entre la diversidad de situaciones. Si por un lado están Castilla y León, Galicia, Asturias o Extremadura, por el otro figuran Madrid, Cataluña o Baleares. Touriño rechazó que se hable de comunidades insolidarias y aseguró que entiende la posición de la Generalitat. "Pero también se debe entender mi posición", añadió.

Touriño, que ha decidido agotar la legislatura en Galicia y convocar los comicios para marzo del 2009 tras algunas dudas durante el mes de agosto, insistió en que "todos deben saber que no son los territorios los que financian, y que España es un Estado único". Siguiendo esa tesis, insistió en que "son los ciudadanos con nombres y apellidos los que contribuyen a hacer país, a crear riqueza, y los que pagan los impuestos con los que se genera la financiación que llamamos autonómica".

"RECORTAR LA SOLIDARIDAD" Uno de los principales motivos del rechazo que ha causado la propuesta del Estatuto catalán es la limitación de la solidaridad, que debe centrarse en educación, sanidad y servicios sociales. Para Touriño, "cualquier tentación de recortar la solidaridad no va en la dirección correcta de lo que es la España democrática de las autonomías". Ese es uno de los escollos que el Gobierno trata de resolver.