Las campañas institucionales serán objeto de una nueva regulación que, según el Gobierno, contribuirá a reducir los gastos que éstas acarrean al Estado. Después de que el Consejo de Ministros debatiera ayer un informe sobre la futura ley sobre publicidad y comunicación institucional, la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, adquirió en nombre del Gobierno el compromiso de aplicar "austeridad", dar "mayor rentabilidad" a los fondos públicos y "reducir" estos gastos.
En cumplimiento del programa electoral del PSOE, el Ejecutivo tramita una norma que prohibirá que las campañas de publicidad institucional tengan fines "electoralistas" o de "autobombo", según Fernández de la Vega.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el Gobierno socialista, los presupuestos generales del Estado del 2003, elaborados bajo el mandato de José María Aznar, dedicaron 52,7 millones de euros a la publicidad institucional. Una cifra que aumentó un 11%, en el 2004, aún con el Gobierno del PP. En las cuentas del 2005, ya elaboradas por el Ejecutivo del PSOE, la partida ha crecido un 6%.
