El debate de ayer enterró definitivamente la propuesta de pacto de Estado con la que se inició la semana pasada el primer periodo de sesiones parlamentarias de este año. En su lugar, y tras el prólogo de la ronda de contactos con los grupos del Congreso iniciada el martes, Zapatero anunció la creación de un nuevo marco negociador, una comisión ministerial en la que se fraguarán con los partidos de la oposición los acuerdos que, posteriormente, deberán validarse en las Cortes. Para dotar de más contenido y veracidad a la improvisada propuesta, el líder socialista puso un plazo no superior a "dos meses" --a partir de la semana que viene-- para cerrar los pactos, y el próximo junio para que las reformas económicas del Gobierno estén "operativas".

La propuesta fue recibida, de entrada, con escepticismo por el resto de partidos, en especial por el PP. Pero tampoco suscitó grandes alabanzas internas entre algunos miembros del Gabinete y el PSOE, ante la composición del equipo que la lidera y el posible solapamiento con el trabajo del grupo parlamentario. Zapatero ha querido confiar la tarea de buscar consensos a un equipo de su máxima confianza. Lo que explica que a la lógica presencia de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, se sumen dos ministros relacionados con los temas a discutir como José Blanco (titular de Fomento y, a la par vicesecretario socialista) y Miguel Sebastián (Industria). Falta, sin embargo, el responsable de Trabajo, José Corbacho, el más directamente involucrado con dos de las principales reformas a discutir: la del mercado del trabajo y la de las pensiones.

PACTO DE TOLEDO Fuentes gubernamentales relacionaron esa ausencia con el liderazgo de Corbacho en la mesa parlamentaria del Pacto de Toledo, en la que se debe cerrar cualquier cambio sobre el actual sistema de pensiones. En el caso de la ronda de contactos en el Congreso encargada al portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, en la Moncloa justificaban ayer que ha sido, precisamente, la buena acogida de esa iniciativa la que ha decidido al Ejecutivo a crear una comisión propia. Esta tendrá como objetivo tejer unas alianzas que, posteriormente, serán refrendadas en las preceptivas votaciones parlamentarias, donde volverá a recobrar protagonismo Alonso.

Pese a estas explicaciones, la oposición insistió en poner en duda los resultados prácticos de la iniciativa ante el fracaso de otras experiencias anteriores. El presidente del PP, Mariano Rajoy, recordó que Zapatero hizo un anuncio parecido el pasado 14 de octubre del 2008 tras la última reunión bilateral en la Moncloa con el jefe del Ejecutivo. Entonces se informó de la creación de una "mesa de reformas estructurales" formada por el Gobierno y el PP, a la que posteriormente debían unirse el resto de grupos, de la que nunca más se supo, según denunció el líder de los populares.

Las reticencias de la cúpula conservadora se sustentan también en su estrategia, verbalizada por Rajoy en el debate, de que sean Zapatero y su Gabinete los que lleven el peso de la responsabilidad en la lucha contra la crisis. En el PP se teme que Zapatero aproveche la comisión para conseguir acuerdos que ratifique en el Congreso gracias a los pactos variables con todos los grupos, y cuyo éxito se acabe arrogando en solitario.