Las víctimas del terrorismo tendrán derecho a una indemnización de 250.000 euros en caso de fallecimiento y de 500.000 euros por lesiones de gran invalidez, según la tabla de subvenciones incluida en la ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas, pactada en el Congreso.
La proposición incluye un baremo de indemnizaciones que tipifica un pago de 75.000 euros por una incapacidad permanente parcial y de 180.000 por incapacidad permanente absoluta. Y regula también las subvenciones que se concederán por secuestro, que se calcularán multiplicando por tres el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) por cada día que permanezca retenida la víctima. En el 2010, el IPREM anual en 12 mensualidades se ha fijado en 6.390,13 euros, así que una persona que estuviese secuestrada durante 10 días recibiría 525,21 euros.
Por otra parte, y preguntada por la presunta pasividad de la fiscalía ante los últimos actos públicos de Batasuna, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega insistió ayer en que es un partido "ilegal".
