La reforma constitucional dio ayer su primer paso. Presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, el Consejo de Ministros aprobó y remitió al Consejo de Estado la anunciada consulta jurídica sobre los cambios a introducir en la Constitución sin haber amarrado el apoyo del PP de Mariano Rajoy, sin cuyo concurso el proyecto está abocado al fracaso.
Cegado, al menos por ahora, el cauce permanente de diálogo territorial que Zapatero y Rajoy acordaron instituir el 14 de enero, esta semana el Ejecutivo ha renunciado a pactar con el primer partido de la oposición el inicio formal de la reforma constitucional. La vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, se ha limitado a enviar al presidente del PP y a los líderes del resto de fuerzas parlamentarias el documento que ayer, sin cambio alguno, el Gobierno remitió al Consejo de Estado para que empiece a trabajar.
Sin aventurar conjeturas, el texto desgrana los cuatro puntos de la Carta Magna que el Gobierno quiere modificar, y sobre los que pide criterio al Consejo de Estado: igualdad entre hombres y mujeres en la sucesión a la Corona, mención a la Carta Magna europea, reforma del Senado y listado de las 17 autonomías y las dos ciudades autónomas. Este órgano consultivo tendrá menos de 10 meses, hasta finales de año, para emitir su dictamen.
JUEGO DE AMBIG EDADES El miércoles, tras leer el texto, Rajoy lo descalificó por su ambigüedad tachándolo de "ofensa a la inteligencia", y criticó que el Gobierno disocie la reforma constitucional de las estatutarias sin fijar "límites" a éstas últimas. En charla telefónica, no obstante, anunció a Fernández de la Vega que el PP no pondría "objeciones" al documento que el Ejecutivo remitiese al Consejo de Estado, reservándose para más adelante su posición definitiva sobre la reforma constitucional.
Aunque ayer, en un primer momento, la vicepresidenta aseguró que la consulta contaba con el "juicio favorable" de Rajoy, después admitió que el dirigente conservador no se ha comprometido a nada. Con todo, aseguró confiar en que el "buen juicio" del líder del PP le lleve a "participar en el debate que se abra en su momento", cuando el Consejo de Estado emita su informe definitivo.
Ayer mismo, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), expresó su temor a que ese dictamen proponga poner "apellido" a las autonomías. Infundado recelo, ya que la consulta gubernamental al Consejo de Estado omite la reivindicación que el presidente de la Generalitat catalana, Pasqual Maragall, ha planteado cara a la reforma de la Constitución: que el remozado texto distinga a las autonomías entre nacionalidades y regiones.
Tanto CiU como IU-ICV, por su parte, juzgaron ayer insuficiente el alcance de los retoques constitucionales que promueve el Ejecutivo de Zapatero.
