El consejero del Interior de Madrid, Francisco Granados, se autoproclamó ayer inocente en lo que concierne a la red de espionaje supuestamente ligada a la Comunidad. Lo hizo en sede parlamentaria. Pero no se atrevió a compartir ese veredicto político con todo su equipo: el consejero pone la mano en el fuego por sus altos cargos, pero por nadie más. "Evidentemente, la Comunidad es muy grande y yo he hablado con quien he hablado", especificó.
¿Con quién ha hablado? Pues, según explicó ayer en la comisión de Interior del Parlamento madrileño, con sus viceconsejeros, directores generales y asesores de seguridad aludidos por las informaciones sobre espionaje a políticos del diario El País. Por ellos, responde. Y por él mismo: "Yo no ordené ni amparé seguimientos", proclamó.
Granados ya apuntó en esta dirección cuando sugirió que agentes de su consejería podrían haber espiado por libre. "No puedo garantizar que algunos de los empleados eventuales, cuya retribución no es demasiado alta, no hayan podido hacer seguimientos a espaldas de sus superiores, incluido yo", declaró el consejero madrileño de Interior a este periódico el sábado.
UN MODELO DE GALLARDON Ayer, en el seno de la comisión parlamentaria, aseveró que la estructura de su consejería es heredada de la época en la que Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de Madrid. Y justificó el haber contratado a personal eventual (expolicías y exguardias civiles) por el aumento de tareas encomendadas a su equipo. A saber: supervisar contratos con empresas de seguridad privadas y velar por su cumplimiento; colaborar con los servicios de seguridad en actos públicos; intervenciones por incidencias en edificios de la Comunidad y labores de vigilancia avanzada y contravigilancia. Según él, nada de espionajes. Además, quiso aclarar que Marcos Peña, supuestamente contratado para dirigir un equipo de espías en la Comunidad, no tiene "a nadie" a su cargo, al igual que el responsable de seguridad de la consejería, Sergio Gamón. No convenció a la oposición.
IU Y PSOE PIDEN LA DIMISION Tanto los socialistas como IU coincidieron en reclamar a Granados que se abra una comisión de investigación en la Asamblea. Si no, advirtieron, seguirán pidiendo su dimisión. Además, lanzaron una batería de interrogantes al consejero. ¿Se han comprobado las horas extras pasadas por sus agentes a la Administración para ver si coinciden con los horarios de supuestos seguimientos a políticos?, preguntó la portavoz de IU, Inés Sabanés. Granados dijo que sí.
Mientras, la número dos del PP, María Dolores Cospedal, ha sumado ya a su lista de interrogados a Sergio Gamón, director de seguridad de la consejería.
