El Gobierno está convencido de que el Tribunal Constitucional «impedirá» cualquier intento de investidura no presencial de Carles Puigdemont. Pero, de no ser así, se mantendrá la aplicación del artículo 155, ya que el precepto constitucional deja de tener efectos precisamente cuando en Cataluña haya un Govern, nacido conforme a la legalidad. Pero si este ve la luz viciado desde su origen, con una elección de su máximo representate al margen de la normativa, la intervención de la Generalitat se mantendrá si necesidad de prórrogas, según avisaron este viernes desde el Ejecutivo central.

De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz gubernamental, Íñigo Méndez de Vigo, avisó en varias ocasiones de que una investidura telemática o por delegación, como propugna Junts Per Catalunya, «no es posible en la legislación actual». Y, ante esta tesitura, «el Gobierno, que aplicó con firmeza el 155, no dudará en seguir aplicando la ley», según adviertió.

Pero antes de llegar tan lejos, el portavoz del Ejecutivo confirmó que se recurrirá «inmediatamente» y «sin ninguna vacilación» cualquier tipo de «añagaza» para elegir de manera telemática o por delegación al dirigente independentista. Y fuentes del equipo de Mariano Rajoy se mostraron convencidas de que el Constitucional dará la razón al Gobierno y suspenderá cualquier pleno del Parlament destinado a elegir President a Puigdemont sin que este pise España, con la vista puesta en impedir su detención.

Este diario ya adelantó el jueves que desde la Moncloa dio orden hace días a los abogados del Estado de que empezasen a analizar todas las vías jurídicas posibles para presentar un recurso ante el Constitucional ante cualquier posible ilegalidad en la investidura. Fuentes gubernamentales aseguran que, fruto de este estudio, hay material para impungar tanto cualquier intento de cambiar el reglamento del Parlament para facilitar las intenciones de Puigdemont como si la nueva Mesa, sin cambios reglamentarios, permite su elección a distancia.

Méndez de Vigo tachó de «falacia y de pretensión irrealizable que va contra el sentido común» que Junts per Catalunya estudie -y trate de convencer a ERC- de llevar a cabo una investiduda no presencial. «Cualquier demócrata lo entiende», declaró.

El también ministro de Educación se explayó además en las bondades de la aplicación del artículo 155 y puso como ejemplo de sus efectos «lentos pero inexorables» las renuncias o las rectificaciones de políticos como Carme Forcadell, Artur Mas o Carles Mundó. En la misma línea, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, aplaudió la «lealtad» de los funcionarios de la Generalitat en estos meses.