En el último minuto, como ya viene siendo habitual, el Gobierno decidió ayer dar el enésimo giro a su política de impuestos. Con el objetivo de seguir bailando el vals de la geometría variable de pactos, el Ejecutivo cedió a una de las pretensiones fiscales de la izquierda parlamentaria: mantener la deducción de 400 euros del IRPF a los contribuyentes con las rentas más bajas. Una ayuda anunciada con evidente perfume preelectoral a principios del 2008 y que se aplicó por igual a todos los contribuyentes, independientemente del nivel de sus ingresos. El PSOE había decidido suprimir de cuajo esta bonificación ante la acuciante falta de ingresos del Estado debido a la crisis económica.

Los socialistas pactaron con IU-ICV y el BNG una enmienda en los presupuestos generales del Estado por la cual las rentas con una base imponible inferior a 8.000 euros al año continuarán percibiendo íntegramente los 400 euros de ayuda. Las rentas de entre 8.000 y 12.000 euros percibirán también una bonificación, que será menor cuanto más se acerque la base imponible a 12.000 euros.

GASTO DE 535 MILLONES El Ministerio de Economía y Hacienda calcula que esta decisión beneficiará a un total de 2,7 millones de contribuyentes y supondrá al Estado un gasto adicional de 535 millones de euros. Estas cifras, sin embargo, contrastan con un reciente estudio de la Confederación de Cajas de Ahorros, que reducía a 700.000 los contribuyentes que seguirán recibiendo alguna bonificación, con un coste para el erario público de 100 millones de euros.

CESIONES El PSOE también cedió ante el BNG e IU-ICV en materia de inversiones territoriales para Galicia y Cataluña por un importe global de 30 millones de euros.

¿Qué consigue el grupo socialista a cambio de estas concesiones? Primero, evita perder votaciones en la comisión de presupuestos del Congreso, donde el BNG era decisivo. Y segundo, trata de calmar a las voces internas que reclamaban una política fiscal más progresista. El que no queda satisfecho, pese al gesto de ayer, es el diputado de IU-ICV Joan Herrera, quien mantendrá su voto contrario a los presupuestos del Estado.