La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy que la nueva Directiva Europea de Retorno "no afecta a la legislación española", por lo que no se hará ninguna trasposición que conlleve ampliar el tope de internamiento de los inmigrantes ilegales a dieciocho meses. De la Vega ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa, tras constituirse la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Inmigración, de la que forman parte los ministros de Exteriores, Interior, Trabajo e Inmigración, Fomento e Igualdad.La vicepresidenta ha ratificado la voluntad del Ejecutivo de presentar una reforma "limitada" de la Ley de Extranjería antes de que concluya el año, en la que se podría ampliar el plazo de 40 días de privación de libertad hasta 60, para dotar de más tiempo al proceso de repatriación de los inmigrantes irregulares.
A su juicio, la directiva aprobada ayer en la Cámara europea permite "establecer garantías donde no las había", ya que unos nueve países ni siquiera tenían un límite de internamiento de los inmigrantes y era conveniente adoptar una "política común". Ésta no es la situación de España porque la retención de extranjeros antes de su expulsión está contenida "en una legislación muy garantista", que es "eficaz", y sus procedimientos están "todos judicializados" en las "mejores condiciones".
"No afecta a nuestro ordenamiento interno", ha sentenciado la vicepresidenta sobre la normativa de la UE, que ha sido criticada duramente por los países latinoamericanos y por las organizaciones sociales, por entender que criminaliza a los inmigrantes. Ha argüido que es "radicalmente falso" que el Ejecutivo español haya promovido la ampliación de los plazos de privación de libertad, ya que lo que ha hecho es más bien "todo lo contrario" al mantener una postura "coherente" para crear "condiciones mínimas de garantías" para los afectados.
En cuanto a la reforma de la Ley de Extranjería, uno de los asuntos tratados en la nueva Comisión, ha puntualizado que se abordará con el "máximo consenso" entre los agentes sociales, los propios inmigrantes y los partidos políticos. De hecho, ha informado de que se va a "reactivar" el funcionamiento de la subcomisión creada la pasada legislatura para abordar el "desafío" que supone este fenómeno y ha dicho que en ella participarán "todos los que tengan que decir algo en este ámbito". También ha anunciado la fecha en que se celebrará la Conferencia Sectorial de Inmigración, que se reunirá el próximo 9 de julio.
Ha pormenorizado que además de incorporar a esta normativa la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce derechos fundamentales para los inmigrantes, está previsto delimitar el ámbito de la reagrupación familiar al cónyuge y a los hijos menores.
En líneas generales, se trata de "ratificar" la política que está llevando a cabo el Ejecutivo, que es "reconocida" fuera de España como "muy positiva" por su carácter "integral", pero en la que, ha confesado, es necesario hacer "algunos ajustes".
Tras manifestar que también los centros de internamiento han "mejorado mucho", ha declarado que el Ejecutivo no prevé un incremento alarmante de la llegada de inmigrantes a las costas españolas ante la llegada del buen tiempo, para recordar que la cifras "han mejorado este año". De la Vega ha recalcado que "la legalidad, el orden y la integración" constituyen la "piedra angular" en la que se mueve el Gobierno para "dar respuesta" a este problema.
La entrada de extranjeros en España debe estar ligada "al mercado laboral", ha proseguido, a fin de garantizar la igualdad de estas personas con respecto a cualquier otro ciudadano español, en lo que se refiere a la "protección del Estado" y a los derechos y obligaciones.
La vicepresidenta ha adelantado que el Gobierno va a desarrollar el Plan de Ciudadanía 2007-2010, en colaboración con los Ayuntamientos y Ejecutivos autonómicos, porque la "integración social" es la "clave de nuestro futuro".
