El Gobierno no quiere gastar ni un euro en honrar la memoria de las víctimas de la guerra civil. Ayer, en el Senado, el Grupo Popular rechazó en solitario la propuesta realizada por el PSOE y el grupo de la Entesa Catalana de Progrés de introducir en los Presupuestos del Estado del 2003 una partida de siete millones de euros (1.164,7 millones de pesetas) destinada a sufragar "la apertura de fosas para recuperar los restos de los desaparecidos durante la guerra civil" y ayudar económicamente a las entidades y familiares empeñados en la búsqueda de estos osarios colectivos".
La mayoría conservadora de la Cámara alta vertió ayer un jarro de agua fría sobre las expectativas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), catalizadora de los esfuerzos para exhumar los restos de las víctimas republicanas y darles un entierro digno.
Poco importa que el pasado 20 de noviembre el PP apoyara una declaración unánime del Congreso que, además de condenar la dictadura, reclamaba "apoyo de las instituciones" para "cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados" que busque su "reconocimiento moral". La histórica resolución del Congreso devino ayer papel mojado en el Senado, cuya mayoría rechazó dotar presupuestariamente este compromiso político.
Los 137 senadores del PP ayer presentes en el pleno tumbaron las tres enmiendas con las que la izquierda --apoyada por el resto de grupos de la oposición-- pretendía brindar cobertura económica al resarcimiento moral de las víctimas del franquismo. La primera de estas iniciativas, presentada conjuntamente por PSOE y Entesa, proponía que el Ministerio de Justicia destinara mil millones de euros a sufragar, a través de ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, la recuperación de los restos de los desaparecidos durante la guerra.
Según la portavoz popular, María Australia Navarro de Paz, "la apertura de fosas y la recuperación de restos humanos son competencias municipales que, además, han de encuadrarse dentro de la esfera de la medicina forense". Por eso concluyó que tales exhumaciones deben financiarse "con los recursos de las corporaciones locales".
MEMORIA HISTORICA
El Gobierno vasco ha creado una comisión interdepartamental que se encargará de localizar las fosas con los cuerpos de las 3.100 personas que se calcula que fueron ejecutadas sin juicio en Euskadi durante la guerra civil, siempre que las familias lo reclamen.
El titular de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), explicó ayer que el Ejecutivo vasco confía en resolver un "número importante" de casos y facilitar que los allegados puedan dar un entierro digno a los restos de sus familiares. "Hemos querido reparar una deuda moral. No nos mueve ni la venganza, ni el rencor. No queremos reabrir heridas, sino ayudar a que cicatricen", añadió Azkarraga.
