El Gobierno quiere facilitar al Congreso de los Diputados toda la información clasificada como secreta, incluidos los seis documentos que se encuentran protegidos por el artículo 11 de la ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que contienen información facilitada por servicios secretos, según explicó ayer a este diario la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Sin embargo, el Ejecutivo no puede saltarse las limitaciones legales, por lo que propondrá al Congreso que busque un método para que los portavoces puedan conocer esa información y obtener sus conclusiones sobre el mayor atentado de la historia de España, perpetrado el 11-M.

Los seis informes solicitados y cuya visión ha sido denegada por el Gobierno, por imperativo legal, se refieren a los datos que facilitó Marruecos sobre los atentados de Casablanca, con el fin de comprobar si algunos de los autores del 11-M se encontraban relacionados con la célula que mató a 43 personas en la ciudad marroquí el 16 de mayo de 2003. También han sido denegados los documentos con la información transmitida por los servicios secretos de Estados Unidos, Reino Unido e Israel sobre la presencia de miembros de Al Qaeda en España y los posibles autores de los atentados del 11-M.

AMAGO DE RETIRADA El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, fue el primero en saltar ayer a la palestra a manifestar su queja por la falta de información a la comisión investigadora. Dijo que "los límites" que se están imponiendo a la comisión ponen cada vez más de relieve su "inviabilidad" para "esclarecer lo que pasó realmente".

Duran Lleida recordó, además, que en CiU "siempre hemos considerado innecesaria" la comisión, pero el hecho de que el Gobierno no desclasifique los documentos del CNI "hará imposible llegar al fondo de los hechos". Tras quejarse de que "están jugando con nosotros", propuso "reflexionar seriamente sobre si tiene sentido continuar con esta comisión de investigación o, al menos, con nuestra presencia".

QUEJA DEL PP Aunque el Grupo Popular evitó pronunciarse ayer sobre la documentación remitida por el Gobierno y la decisión de no desclasificar ningún documento del CNI, su portavoz en la comisión, Vicente Martínez Pujalte, manifestó en privado su queja por la falta de información.