La emisión en televisión de imágenes pornográficas o de violencia gratuita sin codificar tiene ya las horas contadas. El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley en el que se prohíbe la difusión en abierto de este tipo de contenidos y se les relega a la televisión de pago y a la franja horaria que va de las 22.00 a las 6.00 horas. El texto del Gobierno, que deberá pasar aún el trámite parlamentario, asesta también un duro golpe a toda esa masa ingente de juegos de azar y apuestas que, bajo el señuelo de las líneas 905, pululan por la programación de forma impune: solo podrán emitirse entre la 1.00 y las 5.00 horas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que este proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual "va más allá" de lo que impone la normativa europea para proteger a los menores. Aparte del veto a la pornografía sin control de los padres, se recluye en el mismo gueto horario (de 22.00 a 6.00 horas) cualquier otro contenido que pueda ser lesivo para la formación de los menores. Esos espacios deberán ir precedidos de señales acústicas y visuales para alertar a los mayores responsables de los niños.
PASO INSUFICIENTE Pero si el Gobierno ha demostrado, según De la Vega, exceso de celo en la protección de los menores, no ha mostrado la misma diligencia a la hora de garantizar la imparcialidad y la objetividad en el procedimiento de concesión de las licencias televisivas. Ahí se ha quedado a medio camino y ha desaprovechado las posibilidades que ofrecía la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Este nuevo órgano independiente, cuyos miembros serán elegidos por mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso, se encargará de velar por el cumplimiento de la ley y tendrá poder sancionador.
Pero no se ocupará de conceder, renovar o retirar las licencias de cadenas, como sucede en otros países, donde un organismo similar garantiza la asepsia política en la decisión de los permisos. "El consejo tendrá participación en el otorgamiento de las licencias, que es función del Gobierno, a través de un informe previo que deberá presentar", explicó De la Vega. Dicho informe será meramente consultivo.
Las televisiones privadas, a través de Uteca, aplaudieron el texto aprobado ayer y pidieron a los partidos un pacto de Estado para huir del "maximalismo y la demagogia" durante su tramitación, que impedirá que entre en vigor hasta bien avanzado el 2010. La Asociación de Usuarios de la Comunicación calificó también el proyecto de "positivo".
