Tras varias semanas haciendo de parachoques ante las acusaciones de espionaje de los populares, el Gobierno y el PSOE, escarmentados por el éxito de sus opositores al repetir que está sufriendo una persecución ordenada por el Ejecutivo, han decidido pasar a la ofensiva con sus mismas técnicas. Ayer, el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y el ministro de Fomento, José Blanco, reprocharon al PP que use "acusaciones falsas" para diluir el caso Gürtel y lamentaron su intento de intimidar a los jueces.

Chaves emplazó a los populares a desvelar los "nombres y apellidos" de los dirigentes del PP que, según ellos, han sido espiados y añadió que, si no lo hacen, "van a quedar como los grandes mentirosos de la política española". El dirigente socialista afirmó que el PP tiene "en su manual político" dos objetivos: tapar el caso Gürtel con "acusaciones falsas" y "amedrentar a jueces, fiscales y policías" para "lograr la impunidad" de sus miembros presuntamente implicados en esta trama de corrupción. Chaves también se escudó en el pasado y recordó que, tras las elecciones del 2004, el PP ya "utilizó el terrorismo como arma política frente al Gobierno".

Blanco lamentó la estrategia de los populares y aseguró que España no se merece una oposición cuya única aportación a la próxima presidencia española de la Unión Europea ha sido "amenazar al Gobierno de todos los españoles con llevarlo a los tribunales europeos" en lugar de arrimar el hombro para lograr un "éxito colectivo". El ministro destacó que los populares sostienen "que el Estado de derecho tiene que funcionar para todos menos para el PP".

EVITAR FILTRACIONES Para esquivar nuevas polémicas y evitar difusiones "interesadas" o una "condena anticipada sin respeto a la presunción de inocencia", el presidente del Congreso de los Diputados, el socialista José Bono, ordenó ayer que el suplicatorio del diputado del Partido Popular Jesús Merino que el Tribunal Supremo solicitó para su investigación del caso Gürtel se custodie en la caja fuerte de la Cámara baja.

Bono, que asegura no haber visto la comunicación del Supremo, explicó que el suplicatorio ha entrado en el periodo intersesiones y será calificado en la primera sesión ordinaria de la Mesa del Congreso, a principios del próximo mes de septiembre.