El Gobierno y el PSOE alcanzaron ayer un acuerdo histórico sobre la reforma de la ley de extranjería, la tercera de la presente legislatura. Tras cuatro años de pugna sobre cómo afrontar la masiva llegada de inmigrantes, el PP aceptó ayer 22 de las 24 enmiendas presentadas por el PSOE al proyecto presentado por el Ejecutivo el pasado mayo, en vísperas de las elecciones municipales.
Aunque la reforma mantiene las restricciones a la entrada de inmigrantes sin papeles impuestas por el PP, los cambios introducidos a instancias del Grupo Socialista recogen, entre otras novedades, el derecho de todos los extranjeros hijos y nietos de españoles a recibir un visado de tres meses para la búsqueda de empleo en España. El Gobierno central, además, podrá otorgar cada año estos visados trimestrales a los extranjeros incluidos en el contingente anual, pero para que busquen trabajo en sectores determinados.
La Administración podrá autorizar la residencia temporal de extranjeros pendientes de expulsión por razones de arraigo o humanitarias, y también si colaboran con la justicia en la lucha contra las mafias de la inmigración. Igualmente, se reforzarán las vías para denunciar a los empresarios que exploten a inmigrantes irregulares.
SUAVIZAR EL TRATO
Según el secretario de Estado de Inmigración, Ignacio González, el pacto con el PSOE no cuestiona la filosofía del proyecto gubernamental, destinado a reforzar el control y facilitar la expulsión de los sin papeles. Jesús Caldera (PSOE) puntualizó ayer que sus enmiendas suavizan el trato que las autoridades darán a los trabajadores extranjeros y hacen la ley "mucho más eficaz".
Tras reformar la ley de extranjería en el 2000, en estos tres años el Gobierno ha acometido varias modificaciones, la última, forzada por una sentencia del Supremo. Tiempo atrás, el PP condicionó el pacto de Estado sobre inmigración ofrecido por el PSOE a que éste retirara el recurso contra la ley de extranjería que había presentado en el Constitucional por vulneración de los derechos fundamentales de los sin papeles. Para lograr este pacto, el Gobierno retiró esta exigencia.
