El Gobierno no piensa ceder. Mantendrá su recusación a dos magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, y no va a negociar con el PP una salida política al actual bloqueo del alto tribunal. Con una metáfora, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, respondió ayer a la última maniobra de los populares: El Gobierno no acepta un "tres por dos", en el seno del Constitucional, tras la recusación de cinco de sus miembros, tres por parte de los populares, y los dos recusados por el propio Ejecutivo.
La vicepresidenta, sin mucha convicción dada la politización del Constitucional, situó la pelota en el tejado del tribunal, recordando que al final deberán ser sus magistrados los que tengan que resolver el conflicto. "Confío en su pericia, capacidad, independencia e imparcialidad. Ellos son los que, a la vista de las situaciones que se planteen, deciden. Ellos tienen que buscar una solución", dijo De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
FAVORECER EL SOSIEGO El Gobierno evidenció que no tiene intención de mover ficha. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró que el Ejecutivo lo que va a hacer es esforzarse en impulsar el "sosiego" y remarcó que "la política hay que hacerla en el Congreso, no en el ámbito judicial".
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Ejecutivo y el PSOE confían en poder convencer a los ciudadanos de que el PP lleva a cabo una política perjudicial para el Estado de derecho. Así, pretenden denunciar que, en su opinión, los populares intentan sacar un rédito electoral a partir de la desestabilización de las principales instituciones.
De la Vega volvió a apelar, una vez más, a la responsabilidad del PP para que actúe con "lealtad a la Constitución". El Gobierno reclama calma y rechaza que sus recusaciones sean comparables a las del principal grupo de la oposición. El Ejecutivo insiste en que mientras sus dos recusaciones están fundamentadas y pretenden preservar la imparcialidad de los jueces, las del PP tienen un interés político.
La vicepresidenta, preocupada por el "intento del PP de bloquear el Constitucional", pidió "sensatez" para que los populares no sigan contribuyendo al ya maltrecho prestigio de los órganos judiciales. De la Vega defendió que la maniobra del PP no es "ni sensata, ni lógica ni razonable", pero admitió que el Ejecutivo tiene pocas esperanzas de que los populares desistan de su estrategia. Tanto De la Vega como Bermejo pusieron al mismo nivel la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial y la recusación de tres jueces del alto tribunal.
