El Gobierno está recibiendo peticiones de ayuda de algunos interventores y secretarios de ayuntamientos catalanes que quieren cumplir la ley y temen recibir presiones para ayudar a celebrar el referéndum del 1 de octubre.

Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo, que explican que ya se les está remitiendo documentación y recomendaciones a seguir para que tengan argumentos jurídicos a la hora de cumplir la legalidad.

El pasado jueves, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobó los recursos contra todas las resoluciones del Parlament y la Generalitat para celebrar el referéndum soberanista, el secretario de Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, remitió una carta dirigida a los interventores y secretarios de los ayuntamientos pidiéndoles que cumplieran la legalidad.

En la misiva, el secretario de Estado recordaba que el Tribunal Constitucional ha prohibido "expresamente" la continuación del proceso constituyente en Cataluña "y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum".

Y expresaba su "apoyo firme y su indubitada confianza" en que los ayuntamientos catalanes respeten el respeto al marco constitucional y estatutario.

Han sido muchos los que han respondido ya a esta misiva, y según fuentes del Ejecutivo ha habido quienes se han comprometido a cumplir la legalidad o quienes han pedido la citada ayuda, aunque también se han encontrado con respuestas de otros que piensan ayudar a promover el referéndum e incluso remiten insultos.

En el Gobierno confían en que los funcionarios cumplirán con la ley, conscientes de las consecuencias que puede tener para su puesto de trabajo.

Pero también advierten de que en Cataluña hay muchos interventores y secretarios que no son funcionarios, sino interinos, y sugieren que pueden haber sido puestos "a dedo" por la Generalitat para apoyar el proceso independentista.

Explican también que en las peticiones de ayuda hay interventores o secretarios que les han confesado su preocupación por la presión que van a recibir de alcaldes o incluso vecinos del municipio para que colaboren en la organización de la consulta.

Para ayudarles, les están remitiendo documentación, recomendaciones de los distintos pasos a dar y en definitiva argumentos jurídicos con los que responder a esos reclamos o presiones.