Una resolución de los Quince, aprobada en la cumbre de Sevilla en junio del 2002, es el asidero utilizado por el Gobierno para endurecer las condiciones de reinserción de condenados por terrorismo.
Así lo desveló el ministro de Justicia, José María Michavila, al término de la ronda informativa con las principales fuerzas parlamentarias que acabó ayer, horas antes de que el Consejo de Ministros apruebe hoy el anteproyecto de reforma del Código Penal. Esa reforma elevará de 30 a 40 años el cumplimiento máximo de penas en caso de terrorismo y otros delitos graves, y endurecerá los beneficios penitenciarios.
ARREPENTIDOS
La resolución de la UE permite al Ejecutivo definir el "arrepentimiento activo" de los etarras cuando éstos "abandonen la actividad terrorista y proporcionen a las autoridades información que éstas no hubieran podido obtener de otra forma y que les ayude a impedir o atenuar los efectos del delito, identificar o procesar a los otros autores del delito, encontrar pruebas o impedir que se cometan otros delitos".
Estas condiciones obligan a los arrepentidos a convertirse en delatores si quieren beneficios penitenciarios. El PSOE y CiU las consideran poco eficaces y de difícil cumplimiento. El PNV e IU, cuyos representantes se reunieron ayer con Michavila, las rechazan.
El ministro de Justicia dijo que "no es la hora de dar una segunda oportunidad a los terroristas, sino de que cumplan las penas", pero admitió matizaciones sobre el llamado "arrepentimiento activo". De hecho, la resolución de la UE no es imperativa, ya que señala que "los Estados miembros podrán considerar la posibilidad de tomar esas medidas".
El PSOE quiere discutir estas modificaciones legales en una reunión del pacto antiterrorista. Los socialistas estiman que hay tiempo para ello ya que el anteproyecto que apruebe hoy el Gobierno debe pasar ahora por el Consejo del Poder Judicial y por el Consejo de Estado antes del debate parlamentario.
EN CONTRA
El PNV e IU se mostraron ayer abiertamente en contra de la reforma. La portavoz nacionalista en la comisión de Justicia del Congreso, Margarita Uria, señaló que "la reforma hace imposible la reinserción y se acerca a la cadena perpetua". Tras reunirse con Michavila, Uria rechazó la reforma del Código Penal porque se inspira, dijo, en "la venganza y no en la justicia".
Michavila deploró que, "una vez más, el PNV no aproveche la oportunidad para ponerse de lado de las víctimas". Sobre el rechazo de IU, dijo que "su interpretación de la Constitución no es acertada porque lo verdaderamente inconstitucional es que no se respete el derecho a la vida".
CiU pide tiempo al Gobierno para estudiar la propuesta. La federación nacionalista está dispuesta a aceptar el endurecimiento de las penas, pero su posición definitiva está pendiente de conocer cómo regulará el Gobierno la reinserción de arrepentidos.