El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha decidido recusar a los magistrados del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata en el recurso del PP contra la Ley Orgánica de este órgano (LOTC) por considerarlos "contaminados" en este asunto. Estos dos magistrados, adscritos al llamado sector conservador del Alto Tribunal, manifestaron el pasado mes de junio a través de un escrito dirigido al pleno su "más profunda discrepancia" con la reforma de la LOTC y concretamente con el artículo que prorrogó automáticamente el mandato de la presidenta de este órgano, María Emilia Casas.
Fuentes jurídicas han informado de que el Abogado del Estado considera en su recurso que la actitud de García-Calvo y de Rodríguez-Zapata es contraria a la "necesaria imparcialidad" exigible a un magistrado y revela un "prejuicio" sobre el asunto que será objeto de deliberación. Los Servicios Jurídicos del Estado subrayan, además, que ese pronunciamiento expreso de los dos magistrados sobre el contenido de la ley se produjo cuando aún no había concluido el plazo en el que ésta podía ser recurrida. Es la primera ocasión en democracia en la que un Gobierno recusa a un magistrado del Constitucional.
Si García-Calvo y Rodríguez-Zapata son apartados de las deliberaciones, el llamado sector progresista del TC recuperará la mayoría en el pleno, perdida el pasado lunes cuando se aceptaron las abstenciones de Casas y del vicepresidente Guillermo Jiménez. Los diez magistrados restantes están divididos cinco a cinco entre progresistas (Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps) y conservadores (Vicente Conde, Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas). Estos últimos, no obstante, tienen en su mano la posibilidad de inclinar a su favor los debates gracias al voto de calidad de Vicente Conde, el presidente accidental del pleno -por razón de edad- en ausencia de Casas y de Jiménez.
La importancia de tener asegurada la mayoría en el pleno, aunque sea mediante el voto de calidad del presidente, radica en que el TC debe pronunciarse en los próximos meses sobre la constitucionalidad de las leyes más significativas del Gobierno: la de igualdad, la del matrimonio homosexual, el Plan Hidrológico Nacional y, por supuesto, el Estatuto catalán, recurridas todas ellas por el PP.
La recusación ha sido anunciada formalmente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha dado cuenta de la autorización concedida al Abogado del Estado para actuar en este sentido. Fernández De la Vega se ha remitido a la jurisprudencia del propio Constitucional y ha dicho: "la imparcialidad del juez no es solo garantía para las partes, sino para la autoridad y el prestigio de los tribunales, autoridad y prestigio que en una sociedad democrática descansa en la confianza que los ciudadanos y ciudadanas depositan en la imparcialidad de sus jueces".
