Ante la grave crisis, todas las administraciones han de arrimar el hombre. Bajo esta premisa, el Gobierno pedirá a las comunidades autónomas que colaboren activamente en el plan de recorte del déficit que pondrá en marcha hasta el 2013 y que pretende reducir en 50.000 millones de euros el gasto público en ese periodo. La vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo convocará próximamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que expondrá las bases del acuerdo marco sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2013.

El déficit del Estado alcanzó el 11,4% el año pasado, de los que 2,2 puntos corresponderían a las comunidades autónomas. En el plan de austeridad que prevé el Gobierno central, cifrado en 50.000 millones de euros, se exige a las comunidades un recorte de 10.000 millones. Para asegurar que esta medida se ejecute realmente, el Ejecutivo no solo confía en la colaboración de las regiones, sino que incluso pretende imponerles un control trimestral de sus cuentas, que incluiría la posibilidad de penalizar a aquellas autonomías que no cumplan con los recortes en las transferencias por convenios.

PRIMERAS QUEJAS El anuncio de este sistema de control ya ha motivado las quejas de algunas comunidades, como la catalana, que rechazan una nueva tutela por parte de Madrid, y todavía más en una actividad en la que el mayor incumplimiento se produce en la Administración central. El Ejecutivo convocará también a la Comisión Nacional de Administración Local para que los ayuntamientos se sumen a esta ofensiva para combatir el déficit público.