Aunque ya está claro que son los partidos los que promoverán la demanda contra España por vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos al vetar la consulta de Ibarretxe, la portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate (PNV), insistió ayer en que los miembros del Gobierno vasco tienen seis meses para, "a título personal", presentar denuncias si así lo deciden. Pero no aclaró si lo harán. Sin embargo, sí dijo que los integrantes del Gabinete vasco se van a "adherir" a la demanda que presenten PNV, EA, EB y Aralar ante el tribunal europeo.

Azkarate solicitó "calma y tranquilidad" respecto a la respuesta que pueda dar el Ejecutivo autonómico a la prohibición de la consulta.