Parece más un comité ejecutivo del PP que un órgano independiente". El consejero de Justicia del Gobierno de Vitoria, Joseba Azkarraga, se refirió así a la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ayer suspendió cautelarmente la sala de la discordia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), creada para resolver el caso Atutxa. Azkarraga llegó a achacar "prácticas mafiosas" al CGPJ, y acusó al presidente del Gobierno, José María Aznar, de llevar la justicia "a la descomposición más absoluta".

La sala de la discordia fue constituida el 11 de julio. El presidente del TSJPV, Manuel Zorrilla, eligió a los magistrados a María Abelleira, Enrique Torres y Manuel Díaz de Rábago para romper el empate registrado en la sala que debía decidir si admitía a trámite la querella presentada por la fiscalía contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por su negativa a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, heredero de la ilegalizada Batasuna.

El portavoz del CGPJ, Enrique López, sostuvo que la medida cautelar fue decidida por unanimidad porque sus integrantes apreciaron "irregularidades" en el nombramiento de los jueces. Sin embargo, López descartó que pueda haber "mala fe" por parte del presidente del tribunal vasco, o que los magistrados nombrados estén "faltos de profesionalidad o imparcialidad".

La ley establece dos criterios para la selección "independiente" de los miembros de una sala de este tipo: deben ser los más modernos (los últimos en adquirir la condición de juez) y pertenecer a la misma jurisdicción que la sala dividida, en este caso penal. Según el CGPJ, Abelleira es la única juez que se ajusta a uno de los requisitos: es la más moderna.

REUNION SUSPENDIDA

El TSJPV rehuyó ayer la polémica. Mediante un escueto comunicado confirmó que esperará a que el pleno del CGPJ "determine" la composición de la sala que considere "ajustada al derecho" para convocarla y decidir si admite las querellas de la fiscalía y de la asociación Manos Limpias. La sala de la discordia debía reunirse a las diez de la mañana de ayer, pero suspendió su cita tras la resolución del CGPJ.

La ejecutiva del PNV divulgó otro comunicado, éste para repudiar la actuación del fiscal del Estado, Jesús Cardenal, defender la "probidad y cualificación profesional" del presidente del TSJPV y exaltar la imparcialidad de los jueces por él nombrados. "La injerencia del fiscal general y del Consejo ha puesto en duda la independencia de la judicatura vasca y pone de manifiesto la razón política de la querella contra Atutxa", sentenció el PNV.

EL 23 DE JULIO, NUEVA DECISION

El TSJPV tiene ahora cinco días para presentar los documentos que le exige el Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Este órgano decidirá el 23 de julio si levanta o no la medida cautelar que suspende la sala de la discordia . Si no lo hace, será el CGPJ quien decidirá la composición de la citada sala.