Los juristas lo tienen claro: los problemas políticos no se solucionan a golpe de Código Penal. En este juicio coinciden un exmagistrado del Tribunal Constitucional, dos expertos en Derecho Constitucional y un catedrático de Derecho Penal, a los que este periódico pidió ayer su opinión sobre la reforma del Código Penal diseñada ad hoc para combatir el plan soberanista de Ibarretxe.

Julio González Campos, exmagistrado del Tribunal Constitucional, califica la reforma de "inapropiada". "Bajo la cobertura del Estado de derecho y de la defensa de la democracia se pretende matar el debate político". Este jurista acusa al Gobierno de José María Aznar de "resolver a través de normas legales los problemas políticos". Aunque, a su juicio, lo único que consigue es "bloquear el debate político, agudizar el problema y alimentar el nacionalismo radical".

DISTORSION Además, este experto subraya que la reforma no es "la mejor vía para combatir un proceso político". "Queramos o no, el PNV ha iniciado un proceso de reforma de su Estatuto de Autonomía que debe ser discutido en la Cámara vasca y luego en las Cortes Generales". Por ello, asegura que la reforma legal supone "una distorsión de la legalidad para evitar una confrontación política".

González Campos considera que la nueva reforma penal "es una vuelta de tuerca que quiere evitar el final del proceso, es decir, la convocatoria del referendo". Por ello, cree que esas medidas "no siguen el espíritu de la Constitución", y defiende que se debata el plan porque, de lo contrario, cabe el riesgo de que se "potencien las posturas más radicales del nacionalismo al no haber dado un tratamiento político adecuado al problema".

El catedrático de Constitucional Francisco Caamaño afirma que esta reforma es innecesaria porque no responde "a necesidades de política criminal, sino a la situación política". Además, señala que es desproporcionado sancionar con penas de prisión ese tipo de conductas. Y recuerda que en la actualidad la ley declara nulos los acuerdos adoptados por una autoridad que no es competente sobre esas decisiones. Por ello, se pregunta "para qué vale esta propuesta".

El experto constitucionalista Txema Montero acusa al Gobierno de "cambiar la ley para hacer la trampa". Este experto, que ocupó cargos en la mesa nacional de Herri Batasuna y ahora está próximo al PNV, recuerda que el Código Penal es la norma que impone las sanciones a los que incumplen las obligaciones y deberes que recoge la Constitución. Por ello, subraya que esa norma necesita un amplio consenso como ocurrió con el anterior Código Penal en 1995.

REFORMA "BELICISTA" También considera que no se puede utilizar la mayoría parlamentaria para modificar ese texto. Y califica la reforma legal de "belicista", ya que "los problemas políticos no se resuelven metiendo en la cárcel a los que hacen propuestas políticas". Además, Montero también critica al PSOE por no responder de a esta reforma. Y considera que el Gobierno utiliza la técnica del asedio al abrir cada día una "sima más profunda entre España y Euskadi".

Este experto también critica la reforma que castiga otorgar subvenciones al grupo parlamentario de Arnaldo Otegi. "Esa actuación puede ser una malversación de caudales públicos", indica, pero agrega que la propuesta de reforma del Código Penal es una muestra más de "la inseguridad jurídica y de la prepotencia del Ejecutivo de Aznar".

El catedrático de Penal, Miguel Bajo, justifica la reforma porque "se trata de defender la democracia frente al terrorismo". Pero critica que se busquen "soluciones legales a problemas concretos, ya que las leyes deben tener proyección de futuro". Así, afirma que "una ley creada ad hoc no es un sistema adecuado de trabajo".