Pudo haberse evitado? El estremecedor interrogante flotó ayer en el juicio del 11-M tras la comparecencia del testigo Víctor , el alférez de la Guardia Civil que tuvo como confidente a Rafá Zuhier, uno de los procesados por la masacre. El agente admitió que Zuhier le informó un año antes de los atentados sobre la existencia de la trama asturiana que había de suministrar los explosivos para la masacre.
La disposición del grupo a vender grandes cantidades de explosivos --hasta 150 kilos-- procedentes de una mina donde tenían "contactos" la reflejó Víctor en cuatro informes a sus jefes en la Unidad Central Operativa (UCO). Paradójicamente, Zuhier se enfrenta a una petición de 20 años de prisión como intermediario en la venta de la dinamita.
El alférez señaló que sus informaciones nunca se trasladaron a la unidad especializada en terrorismo. Lo que hizo la dirección de la UCO, bajo el mando de Félix Hernando, fue reunir las indagaciones en una nota informativa el 27 de febrero del 2003 y remitir el documento al jefe de la zona de Asturias, coronel Francisco José Jambrina. Víctor dijo ignorar qué sucedió a partir de entonces.
El testimonio del agente coloca en una situación muy comprometida a los responsables de la Guardia Civil bajo el Gobierno de José María Aznar, más aún a la vista del papel decisivo que desempeñó la red asturiana en el atentado. Ni Hernando ni Víctor dieron cuenta de la nota informativa en sus respectivas comparecencias del 25 y el 26 de julio del 2004 ante la comisión parlamentaria del 11-M. El alférez admitió haber llamado por teléfono al coronel Jambrina el día de la comparecencia de Hernando para pedirle que "no filtrara" el documento a la prensa, pero sostuvo que no le reclamó su destrucción.
El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, inquirió al testigo cómo pudo olvidar en el Congreso la existencia de la nota informativa apenas un día después de hablar sobre ella con Jambrina. "Por extrañó que pueda parecer, así es; lo olvidé", respondió Víctor , que también admitió haber "olvidado" el dato en su declaración ante el juez instructor, en enero del 2005.
PRIMEROS DATOS El primer informe del agente data del 3 de febrero del 2003. Recoge una charla con Zuhier, en la que este le cuenta que dos españoles que conoció en prisión le han propuesto vender dinamita goma-2 Eco a un millón de pesetas por dos kilos y medio. Identifica a uno como "Antonio alias Toro" (el procesado Antonio Toro) y proporciona su teléfono móvil. El 5 de febrero, Víctor y otros agentes se desplazan a Avilés, junto a Zuhier, y se limitan a identificar al personaje.
Al día siguiente, Zuhier se reunió con Toro, que le insistió en que buscase clientes para los explosivos. La transacción podía realizarse en efectivo o en droga: cinco kilos de explosivos por uno de cocaína. El 21 de febrero, Zuhier llevó a Víctor una muestra del explosivo que le habían dado Toro y su cuñado, el también procesado Emilio Suárez Trashorras. Un experto dictaminó tras un "análisis visual" que era goma-2 Eco "de muy mala calidad y muy antigua".
Víctor consignó todo por escrito. El 27 de febrero del 2003, la UCO se desentiende del caso y remite, con el sello de "confidencial", la nota informativa a la comandancia de Asturias. Señala que Toro "posee 150 kilos de goma-2 Eco enterrados en algún lugar de Avilés o sus proximidades" y que su socio, Trashorras, "trabajó como vigilante en alguna mina de la zona". Era Mina Conchita, de la que salieron los explosivos del 11-M".
