El Estatuto de Castilla-La Mancha se unió ayer a la lista de damnificados por la imposibilidad del PP y el PSOE de llegar a consensuar pactos. A pesar de que la norma fue aprobada en el parlamento manchego con los votos favorables de ambos partidos, su llegada al Congreso cambió por completo la situación. La presión de los gobiernos autonómicos de Valencia y Murcia (ambos del PP) para conservar sus reservas de agua provinientes del trasvase Tajo-Segura, al que la reforma del estatuto ponía fecha de caducidad, fue un obstáculo imposible de superar.
De esta manera se constató en la comisión parlamentaria en la que se debía votar la tramitación de la ley, donde el suspense se mantuvo hasta el último instante por la estrategia utilizada por los conservadores de implicar a los socialistas en el fracaso de la misma. Ante la falta de acuerdo, el Partido Popular presentó en el último momento una enmienda transaccional que el PSOE rechazó por considerarla "humillante e inaceptable", en palabras del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda. Este aseguró que la modificación suponía la retirada del texto de la referencia a la reserva hidráulica de esa comunidad autónoma así como de su preferencia en la utilización del agua.
PRESIONES A las ya conocidas presiones por parte del presidente valenciano, Francisco Camps, se unieron ayer las de su homólogo murciano, Ramón Valcárcel, que se desplazó hasta Madrid para seguir el debate y se reunió con Mariano Rajoy.
La posibilidad apuntada en los sondeos de que el PP pueda arrebatar la presidencia a Barreda en las elecciones del 2011 planeó también sobre el ambiente. Los socialistas acusan a la secretaria general del PP y posible candidata en las autonómicas, María Dolores de Cospedal, de llevar a cabo un doble juego.
