La Agencia Tributaria ha denunciado al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, por defraudar 150.000 euros (25 millones de pesetas) en impuestos. La denuncia, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia, es por la investigación del patrimonio de Fabra solicitada por el fiscal anticorrupción al juzgado de Nules, donde el presidente provincial está imputado de delitos contra la salud pública y la administración, entre ellos, cohecho y prevaricación. Tras esta petición, la juez ordenó investigar el patrimonio del político, sus declaraciones de renta, IVA y el impuesto de sociedades de sus empresas.
Fabra está acusado de cobrar comisiones por interceder ante el Gobierno de Aznar para que se autorizaran plaguicidas de dudosa salubridad. El caso Fabra se inició cuando el empresario Vicent Vilar hizo público que durante años había pagado al político para que el Ministerio de Sanidad autorizara las fórmulas de sus productos fitosanitarios agrícolas. Estos trámites, que suelen tardar años, se resolvieron en poco tiempo, según Vilar, gracias a las gestiones de Fabra ante Sanidad y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.
