La unanimidad con que las fuerzas políticas han respondido al comunicado de ETA y la advertencia común de que solo será tenido en cuenta el anuncio de su disolución es una de las cosas más importantes de las acaecidas en los últimos días. Más que nada, porque ahorra a la sociedad española un espectáculo de utilización partidista de la lucha antiterrorista como el que ofreció la oposición durante el frustrado proceso de paz del 2006.

Queda ahora la duda de si esa unidad será duradera o perecerá a las primeras de cambio. Es decir, si se mantendrá también mientras se sondea qué hay detrás de la declaración leída en la BBC por los enmascarados etarras. Porque eso, saber si existe alguna posibilidad de que la banda terrorista esté avanzando hacia el cese definitivo de su macabra actividad, es también un deber que las fuerzas democráticas tienen que abordar, sin que eso suponga implicarse en un dialogo, ni relajar la presión política y policial que ha llevado a ETA y a su entorno a una situación de tanta debilidad estructural.

Una de las cosas curiosas es que una vez emitido el comunicado los representantes de la izquierda aberzale corrieron a explicar lo que la comunicación etarra no decía: que la decisión es "unilateral, indefinida y no condicionada" y que, además, forma parte de un proceso "irreversible". En la misma línea se expresaron el mediador internacional Brian Currin, que asesora a los dirigentes de la ilegalizada Batasuna, y el líder del Sinn Fein, Gerry Adams, que ha reivindicado su contribución al comunicado.

¿Qué pasa? ¿Que la cúpula aberzale, Currin y Adams saben más que lo que cuenta la propia ETA? ¿O que están expresando lo que les hubiera gustado que ETA dijera? Las dos posibilidades son posibles, que tengan más información y que sus explicaciones sean reflejo de sus deseos.

De momento, lo que se conoce es que Batasuna pedía a los etarras una tregua como la que después describieron sus portavoces, bastante más concreta y avanzada que la que anunciaron los encapuchados vascos.

Claro que, tras el proceso de paz del 2006, en el que tanto se jugó Zapatero, la respuesta del Gobierno y de las fuerzas democráticas es la lógica y obligada. Que no admiten ni una trampa más. Que les da igual lo que digan hasta que no anuncien su disolución. Y que si entregan las armas, a lo mejor entonces recurren a esa verificación internacional que solicita ahora la izquierda aberzale.

Este es uno de esos momentos en que los gobernantes y la oposición tienen que demostrar discreción, inteligencia, fortaleza y unidad para administrar una situación delicada, aprovechar cada resquicio de solución y evitar que la banda se relegitime, ni siquiera ante sus seguidores.