La Mesa del Parlamento vasco acordó ayer tramitar la "propuesta" de nuevo Estatuto, base del plan Ibarretxe, como cualquier otro proyecto de ley, pero sin otorgarle tal denominación. Los socios del Gobierno vasco, PNV, EA e IU/EB, defendieron la legalidad de la iniciativa e impusieron su mayoría en la Mesa frente al rechazo de populares y socialistas.

El plan de libre asociación de Euskadi a España inició ayer su singladura parlamentaria con la mirada puesta en septiembre del 2004, fecha que maneja el lendakari, Juan José Ibarretxe, para que el Parlamento vote la reforma estatutaria.

ARDID LEGAL

Para justificar la decisión de la Mesa de definir como "propuesta" la reforma y en cambio tramitarla como proyecto de ley, el presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa (PNV), dijo que así define el Estatuto vigente la modificación de su propio articulado. No obstante, los socios del Gobierno vasco admiten que con este ardid intentan blindar jurídicamente el texto frente a futuros recursos de inconstitucionalidad, porque una mera propuesta no puede ser impugnada al carecer de validez legal.

Tanto el PSE como el PP votaron contra la admisión a trámite de la iniciativa. El socialista Manuel Huertas la tachó de "inconstitucional y antiestatutaria", y acusó a las fuerzas nacionalistas de urdir una artimaña que incumple los requisitos exigidos al Gobierno para enviar a la Cámara cualquier proyecto de ley. Tras advertir de que la fórmula escogida puede incurrir en un "fraude de ley", el diputado socialista --"por coherencia", en sus propias palabras-- votó a favor de que el plan Ibarretxe se tramite de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario.

Huertas dejó entrever que los socialistas participarán en el debate parlamentario de la reforma estatutaria siempre con una actitud "vigilante". Para empezar, el PSE tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad para pedir la devolución del proyecto de ley al Gobierno. El parlamentario popular Carmelo Barrio no aclaró si también el PP participará, desde su frontal rechazo al plan Ibarretxe, en la tramitación parlamentaria. Lo que sí dejó claro es el deseo del Gobierno del PP de impugnar ante el Constitucional cada uno de los trámites del proyecto de ley.

Pese a las maniobras nacionalistas para evitar un alud de impugnaciones ante el Constitucional, el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, recordó ayer que el pasado viernes el Consejo de Ministros "tomó la determinación de recurrir cualquier decisión sobre el plan Ibarretxe", incluidas las del ámbito parlamentario.

El ministro portavoz acusó a los nacionalistas de "tirar la piedra y esconder la mano" al negarse a definir como proyecto de ley una iniciativa que van a tramitar como tal. Y agregó que esa maniobra dará más argumentos al Gobierno para impugnar la decisión de la Mesa.