El Gobierno vasco lanzó ayer una andanada en toda regla contra el Tribunal Constitucional, que debe dirimir el recurso contra la ley vasca de consulta. En una declaración oficial, Juan José Ibarretxe subrayó que el Tribunal Constitucional (TC) no escapa del "deterioro, desgobierno y desprestigio" que aqueja a la administración de justicia en España por la "politización de que es objeto", y le reclamó que anteponga "la razón jurídica a la razón política". Además, el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), calificó al alto tribunal de "árbitro comprado", y dijo que está siendo "utilizado políticamente" por Zapatero.
De hecho, la nota que difundió el lendakari insistió en señalar al presidente del Gobierno central como "único y exclusivo responsable" de que una iniciativa "legal, legítima y democrática" esté ahora suspendida por la justicia. El Gobierno vasco ha empezado ya a trabajar en las alegaciones que presentará contra los recursos del Gobierno central y del PP dentro del plazo de los 15 días que le ha marcado el alto tribunal.
No obstante, el lendakari se quejó de que el procedimiento comienza con mal pie, porque no se ha escuchado la opinión de Vitoria a la hora de poner el acelerador en el trámite. Y es que, aunque Ibarretxe ha reclamado que el fallo se dicte antes del 15 de septiembre, le molesta que el Tribunal Constitucional haya habilitado agosto sin dar audiencia a la "parte" vasca.
Además, el Gobierno de Euskadi subrayó que la aparente celeridad en este asunto contrasta con la "injustificada dilación" del Tribunal Constitucional a la hora de abordar otros importantes asuntos que afectan al autogobierno vasco. Citó como ejemplos los dos años que lleva pendiente de resolver un recurso de amparo del lendakari contra su procesamiento por hablar con Batasuna o los 10 años de espera en el recurso del Gobierno de José María Aznar contra la ley vasca del deporte.
ESCANDALO El consejero de Justicia consideró que las insistentes declaraciones de la vicepresidenta del Ejecutivo central, María Teresa Fernández de la Vega, y de otros ministros españoles sobre la ilegalidad de la consulta constituyen un "absoluto escándalo" y adelantan lo que "parece un pacto sellado" entre el PSOE y el PP para impedir que los vascos opinen. Azkarraga, además, defendió que la consulta prevista "ni fractura ni colisiona con la ley" y confirmó que las fuerzas políticas que la respaldan (PNV, EA, EB y Aralar) darán una respuesta conjunta.
