El Gobierno vasco denunció ayer al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que la ley de partidos que ilegalizó a Batasuna y la sentencia del Tribunal Constitucional que la bendijo vulneran derechos reconocidos en la convención de los derechos humanos y libertades fundamentales.
El Ejecutivo de Juan José Ibarretxe pide al tribunal, con sede en Estrasburgo, que deje "sin efecto" la ley de 27 de junio del 2002 y también, por tanto, la ilegalización de Batasuna. El PP y el PSE acusaron al lendakari y a su equipo de "proteger" a quienes justifican el terrorismo.
La decisión ya estaba anunciada, pero llegó por sorpresa. El Gobierno vasco se comprometió el pasado marzo a acudir al Tribunal de Estrasburgo después de que el Tribunal Constitucional rechazase el recurso que el propio Ejecutivo de Vitoria presentó contra la norma que ha dejado a Batasuna fuera de la ley.
"VULNERACION" DE DERECHOS
El portavoz de Ibarretxe, Josu Jon Imaz, justificó la iniciativa y dijo que "el único objetivo de la demanda" es lograr que el Tribunal Europeo "repare la grave vulneración" de libertades y derechos.
Sin entrar en detalles, Imaz se limitó a recalcar que la defensa del pluralismo político, de la libertad de asociación y del derecho a un juez imparcial "se hallan por encima de las coyunturas y, por descontado, de sus violaciones singulares y concretas".
La demanda acusa al Gobierno español de vulnerar, fundamentalmente, tres derechos reconocidos por otros tantos artículos del convenio para la protección de los derechos humanos, que España está obligada a cumplir.
El Gobierno vasco entiende conculcado el derecho a un tribunal imparcial, porque el presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, se mostró públicamente a favor de la ilegalización de Batasuna antes de que el recurso contra la ley de partidos estuviese resuelto. La demanda recuerda que cinco jueces del Constitucional, "casi la mitad del pleno", juzgaron apropiado aceptar la recusación del presidente, dejándole al margen de las decisiones sobre la ley de partidos.
También se considera vulnerado el "principio de legalidad penal", porque la ley de partidos es imprecisa, incumple el requisito de "taxatividad" exigido a las normas penales, deja la decisión sobre conductas punibles "a la subjetividad del juez" y permite que se valoren actividades y conductas anteriores a la ley.
Además, el Gobierno vasco argumenta que se ataca el derecho a la libertad de asociación, porque la ley de partidos adquiere "un sesgo de medida de excepción", vulnera derechos fundamentales y fuerza en extremo el funcionamiento del principio de separación de poderes.
PP Y PSE, EN CONTRA
Imaz aseguró que la demanda se sostiene en la jurisprudencia emanada tanto del Constitucional como del propio tribunal europeo. Dijo que será éste el que a partir de ahora tome las decisiones y establezca sus plazos.
El secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, criticó a Ibarretxe por su "defensa a ultranza de ETA y Batasuna", y subrayó que el Gobierno vasco sigue "al lado de los verdugos" y dando cada día nuevos "pasos atrás" en el Estado de derecho.
El portavoz del PSE, Rodolfo Ares, destacó que el tripartito quiere "pescar" en el mundo de Batasuna y acude en su "apoyo" para que el grupo de Arnaldo Otegi vote a favor del plan soberanista del lendakari. "Han aburrido a España y ahora quieren aburrir a Europa", sentenció.
