Hubo una vez un país en que la religión católica era la oficial del Estado, el matrimonio canónico tenía valor civil, la enseñanza pública seguía los dogmas de la Iglesia, los obispos controlaban la censura, el jefe del Estado entraba en los templos bajo palio, la enseñanza de la Religión era obligatoria, el Estado sostenía económicamente al clero --que no pagaba impuestos--, no existía el divorcio, el aborto era clandestino, y en todas las aulas había un crucifijo. Eso era España hace 30 años gracias al concordato firmado en 1953 por el Gobierno de Franco y por el Vaticano.
En tres décadas, las cosas cambiaron con la llegada de la democracia, pero la Iglesia se ha opuesto a todas y cada una de las iniciativas que los sucesivos gobiernos han ido adoptando para establecer avances sociales. Las invectivas episcopales han ido dirigidas a la Constitución de 1978; al divorcio aprobado por Suárez y en 1984, 1990 y 2005 contra las leyes de educación. A. M. Y.
