Los estudios repiten que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España han nacido fuera, que muchas de ellas han llegado desde Colombia, Rumanía, Brasil, Rusia o Nigeria atrapadas por alguna de las redes de traficantes especializadas en la explotación sexual. También aseguran que, a diferencia del tráfico de drogas o de armas, el comercio internacional del sexo ha permanecido, en la práctica, casi impune, alejado del foco normativo y policial hasta que, desde hace cerca de cuatro años, una nueva corriente ha comenzado a cambiar la situación. Esta corriente llegará, previsiblemente, el próximo viernes al Consejo de Ministros, cuando se apruebe el llamado "plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual" que, a su vez, forma parte del plan de derechos humanos.

El plan dentro del plan es un compromiso que el Gobierno arrastra desde la pasada legislatura, cuando el Congreso le instó a mover ficha contra este fenómeno. Según ha podido saber este diario, la iniciativa, coordinada en su última fase por el Ministerio de Igualdad --que encabeza Bibiana Aído-- pero en la que también participan otros cuatro departamentos --Interior, Exteriores, Educación y Trabajo y Asuntos Sociales--, cuenta con una cara para perseguir a las redes de traficantes y una cruz para asistir a quienes han sido traficadas. En la primera, la medida más destacada es la que establece el decomiso de todos los bienes del explotador sexual, castigo que, según los expertos, es el que más daño hace a los traficantes.

TRABAJO La iniciativa, que viene a concretar un convenio internacional del Consejo de Europa ya ratificado por España, prevé la futura elaboración de un código de buenas prácticas destinado a quienes investiguen este delito, así como una formación específica para los agentes y acuerdos de colaboración con los países de donde provienen las mujeres explotadas. Pero es la parte asistencial y de concienciación la que ocupa más espacio: habrá campañas de sensibilización que animen a denunciar, se elaborarán estudios sobre el delito, se fomentará, junto a las oenegés, la creación de unidades móviles de asistencia, los centros de acogida contarán con zonas específicas para estas víctimas --algo que dependía del voluntarismo de las autonomías-- y se aprobarán planes para el empleo de quienes hayan sido explotadas.

LAS AUTONOMIAS El borrador del plan ya ha sido enviado a las comunidades autónomas. Todavía faltan por cerrar del todo algunos flecos del presupuesto para ponerlo en práctica, pero está previsto que el 1 de enero del próximo año el proyecto comience a andar. El plan, el primero de este tipo que se aprueba en España, cuenta con una vigencia de tres años: hasta finales del año 2011.