Como en cada convocatoria a las urnas desde hace cinco años, cuando entró en vigor la ley de partidos, esta semana se ha desencadenado la caza y captura (judicial, se entiende) de las siglas aberzales. Confiado en que el juez Garzón dictará en breve la suspensión de actividades de las ahora consideradas marcas blancas de la proscrita Batasuna, Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), finalmente el Gobierno ha superado sus dudas y ha activado la compleja maquinaria jurídica que desembocará en la ilegalización de ambos partidos. ¿El objetivo? Que no puedan presentarse a las elecciones generales, cosa que sí hizo EHAK en las últimas autonómicas y ANV, aunque diezmada, en las municipales.

En el vociferante y cansino debate entre PSOE y PP, las coordenadas de cada cual están bien trazadas. Los socialistas defienden que se disuelve a estos partidos en este momento, y no antes, porque ya se han acumulado pruebas suficientes, porque Garzón ha levantado el secreto de sumario y porque se avecinan unas elecciones en las que, ahora sí, ANV pretende suplantar a Batasuna. Y, cómo no, los populares denuncian que Rodríguez Zapatero no actuó antes para contentar a ETA, y que si lo hace ahora es solo por interés electoral. Lo que nadie discute son las bondades de la ilegalización en sí misma.

En el 2002, cuando Aznar promovió la ley de partidos con el apoyo de Zapatero, ambos proclamaron la necesidad de reforzar a un Estado de derecho inerme ante el brazo político de ETA, argumento cuestionado por el hecho de que, antes de que la norma viera la luz, el juez Baltasar Garzón suspendió las actividades de la ilegalizada Batasuna aplicando el Código Penal en vigor. Garantizaron que no pretendían cercenar el derecho al voto del independentismo vasco --unos 150.000 electores de promedio--, sino expulsar de las instituciones y privar de financiación pública a los adláteres del terror. Y vaticinaron que así se propiciaría la aparición de fuerzas aberzales contrarias a la violencia.

El problema es que la pericia de Batasuna para alumbrar nuevos clones, o para fagocitar partidos ya existentes, se ha revelado mayor que la capacidad del Estado para impedirlo. Y el grueso del electorado aberzale, fiel como ningún otro, ha apoyado a la nueva franquicia o ha ejercido el voto nulo siguiendo a pie juntillas las consignas de Batasuna.

Para acabar con ETA, tan importante es la lucha policial como lograr su desarme moral, antesala del aislamiento social. Pero la sistemática proscripción de listas aberzales, lejos de provocar deserciones, ha cohesionado a ese mundo bajo el paraguas del victimismo, impidiendo además que Euskadi castigue en las urnas a los lacayos de la banda. Si el acoso sirve para camuflar las flaquezas del acosado, es que algo falla.