El juez del 'caso Taula' ha imputado a Carmen Navarro, la actual gerente del Partido Popular nacional, y a Alfonso Grau, ex vicealcalde de València y durante más de dos décadas mano derecha de la exalcaldesa Rita Barberá, por un posible delito electoral y de cohecho en la financiación de la campaña de 2007, en la que la fallecida dirigente popular renovó su mayoría absoluta. También ha citado en esta condición a José Moscardó, ex gerente provincial del partido, y a Juan Eduardo Santón Moreno, director de una de las empresas públicas que habría financiado de manera irregular la campaña.
El auto cita expresamente a Luis Barcenas, el extesorero del PP, pues era el administrador único designado por el partido para aquellas elecciones, pero apunta que, al no haber constancia de continuidad en el delito, las posibles acusaciones habrían prescrito y sólo se le puede citar como testigo. En cambio, sí que podría haber continuidad en el caso de Grau y Moscardó, investigados por las campañas de 2011 y 2015 en las que Navarro era ya la administradora general designada por el PP.
El juez no detalla por qué se le cita a ella como investigada por esta investigación de 2007. El auto se basa en un informe de la UCO de la Guardia Civil que detalla como el PP de la ciudad de València habría eludido los controles para multiplicar por veinte el gasto real declarado para la campaña de 2007. Declaró haber gastado 133.762 euros pero, según el informe, habría gastado al menos 2.683.750 euros.
La UCO detalla cómo los populares habrían firmado un contrato oficial con la empresa Laterne para que se ocupara de la mayoría de actos de su campaña y que esta empresa, cuyo dueño ha fallecido, recaudó dinero extra por tres vías. Por una parte facturando por servicios inexistentes a “fundaciones y organismos participados o vinculados al Ayuntamiento de Valencia y que no obedecerían a servicios efectivamente prestados”.
Por otro lado, se repetiría el mecanismo con contratistas del ayuntamiento y finalmente estas empresas privadas habrían creado una empresa común, sin empleados ni actividad, a través de la que se habría pagado otra parte de los gastos electorales. Los empresarios que supuestamente habrían financiado irregularmente al PP no han sido imputados al haber prescrito sus delitos. En el caso de Santón Moreno, al estar al cargo de un organismo público se le acusaría de un delito similar pero que no habría prescrito aún.
Un arrepentido, clave en la investigación
Para la realización del informe de la UCO han sido claves por un lado los documentos sobre Laterne que el diario online ‘Valencia Plaza’ entregó al juez y también la colaboración de un ‘arrepentido’. Se trata de Jesús Gordillo, ex asesor de Grau en el Ayuntamiento y al que ‘colocó’ como enlace en Laterne.
Las sospechas sobre 2011 y 2015
Esta investigación es una pieza separada de la ‘Operación Taula’ que investiga si concejales y empleados del PP de la ciudad de València ayudaron a blanquear dinero que tenía almacenado el grupo municipal popular para financiar la campaña de Barberá a la alcaldía en 2015. La propia ex senadora tuvo que declarar por esta causa poco antes de fallecer.
De esa investigación, surgió otra sobre la financiación de la campaña de 2011, a la que ahora se ha unido esta de 2007. De hecho, el juez ha solicitado a la UCO un nuevo informe para ver si en 2011, el PP repitió la fórmula utilizada con Laterne con la empresa Trasgos.
