La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin son los primeros miembros de la realeza española condenados por corrupción. La Audiencia de Palma que juzgaba el 'caso Nóos' ha condenado a la hermana del Rey al pago de 265.000 euros en concepto de responsabilidad civil por haberse lucrado con el dinero conseguido por su marido, a quien el tribunal le ha impuesto una pena de 6 años y tres meses de cárcel.
La sentencia considera probado que el exduque de Palma y su exsocioDiego Torres urdieron una trama para beneficiar con fondos públicos al Instituto Nóos, así como un plan posterior para defraudar a Hacienda. Con esta red percibieron hasta seis millones de euros de varias administraciones públicas.
Algo más de un año después de que empezase el histórico juicio, se ha conocido el desenlace (no definitivo porque cabe recurso) de unproceso que se inició hace 11 años con una denuncia del PSOE en el Parlamento balear.
Las condenas que piden las seis acusaciones van desde los 107 años que suman las que reclama la Fiscalía Anticorrupción a los 192 del seudosindicato Manos Limpias. La petición de condena más alta es la de este sindicato para Urdangarin: 26 años y 6 meses de prisión.
MÚLTIPLES DELITOS
El exduque de Palma se enfrentaba a una petición de 19 años y seis meses de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación,prevaricación, fraude, estafa, falsedad, dos delitos contra Hacienda y blanqueo. A la infanta Cristina solo la acusaba Manos Limpias, que pedía para ella una condena de ocho años de cárcel por colaboración en dos delitos fiscales, mientras que el fiscal solo la consideraba responsable a título lucrativo por un importe de 587.413 euros.
Para Diego Torres, presunto autor de delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo, la Fiscalía solicitaba 16 años y medio de condena y Manos Limpias, 22 años y medio.
El expresidente de Baleares y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas, acusado de delitos de malversación (en concurso con prevaricación y falsedad) y fraude presuntamente cometidos por contratar con Nóos al margen de la legalidad, afrontaba peticiones de condena de cinco años por parte de la Fiscalía y la Abogacía de Baleares, y de 11 años por parte de Manos Limpias.
